La decisión del gobierno brasileño de conceder asilo diplomático a Nadine Heredia, exprimera dama durante el gobierno de Ollanta Humala y recientemente condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, viene generando una fuerte reacción en el parlamento de ese país.
Los diputados Marcel van Hattem y Adriana Ventura, del partido derechista Novo, presentaron un Requerimiento de Información al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir detalles sobre el proceso mediante el cual se otorgó el beneficio, apenas horas después de conocerse la sentencia y emitirse una orden de detención contra Heredia.
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“Llegaremos hasta las últimas consecuencias para revertir este absurdo asilo”, declaró Van Hattem, quien acusó al gobierno de Lula da Silva de proteger a figuras vinculadas a escándalos de corrupción. “Mientras persiguen a brasileños inocentes, otorgan libertad a quienes robaron al pueblo en otros países”, añadió.
Los legisladores pidieron al canciller Mauro Vieira información sobre los fundamentos jurídicos del asilo, las autoridades que participaron en la decisión, y si existió alguna consulta previa con el gobierno peruano. También solicitaron copia de la sentencia contra Heredia y documentos técnicos que respalden la medida.
La diputada Ventura advirtió que este caso podría convertir a Brasil en un refugio para condenados por corrupción. “Es inadmisible que se otorgue asilo a alguien sentenciada por delitos relacionados con Odebrecht”, manifestó.
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En total, el requerimiento parlamentario incluye nueve preguntas, entre ellas si hubo una evaluación de los impactos diplomáticos que la decisión podría tener sobre las relaciones bilaterales con el Perú, de acuerdo a un reporte del diario El Comercio.
Adicionalmente, la diputada Carla Zambelli y el senador Ciro Nogueira también criticaron la medida. Este último cuestionó que Heredia viajara a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, calificó la acción como “complicidad con el delito”.
Sociedad civil en contra del asilo a Heredia
Por su parte, la ONG Transparencia Internacional – Brasil se sumó a las críticas. En un pronunciamiento, afirmó que la medida “debilita la lucha contra la impunidad en América Latina” y envía una señal negativa sobre el compromiso de Brasil en la lucha contra la corrupción.
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La entidad recordó que la sentencia dictada “se basa en pruebas contundentes de que Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, recibieron casi US$ 3 millones en contribuciones ilícitas” de la constructora brasileña Odebrecht (hoy Novonor) y del gobierno venezolano para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011.
Mientras tanto, Marco Aurelio de Carvalho, abogado brasileño de Heredia y allegado al entorno de Lula, defendió la legalidad del asilo y sostuvo que fue una recomendación de abogados locales. También cuestionó la sentencia contra su defendida y negó que existiera persecución política. “Yo decidí asumir la defensa de manera voluntaria y gratuita por una cuestión humanitaria”, indicó.
