Si bien el Congreso iniciará sus labores en marzo, ya tiene en agenda varios temas, entre ellos, la segunda votación de la ley que plantea el retorno de la bicameralidad, así como el debate de la moción que busca inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En esta entrevista, el primer vicepresidente de esta institución, Arturo Alegría, hace un balance de lo que nos dejó el 2023 y adelanta posturas sobre algunos temas en particular que conciernen al Legislativo.
-La desaprobación del Congreso se incrementó de 85% a 88% en diciembre pasado, mientras que su aprobación se redujo de 11% a 7%, según la última encuesta de Datum. ¿Cuál es el balance que hace de la legislatura anterior?
Creo que más allá de las encuestas, sí podemos analizar un poco cuáles han sido las acciones o cumplimientos que el Congreso ha realizado en la legislatura pasada. Hay cosas positivas como, por ejemplo, que hayamos terminado de elegir al último miembro del Tribunal Constitucional (TC), que era una tarea pendiente de las gestiones anteriores. Haciendo un análisis de la productividad, creo que ha sido un balance positivo.
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- ¿Cuáles son esas “cosas positivas” que se aprobaron en el Parlamento?
Repito, el Congreso ha cumplido con algunas de las exigencias o de los encargos que se tiene. Hemos podido lograr, por ejemplo, la censura del ministro del Interior (Vicente Romero), que estaba completamente perdido en el cargo. Entonces, a nivel de control político el Congreso ha cumplido su labor. A nivel legislativo, hemos aprobado normas importantes y algunas reformas importantes, como por ejemplo, la bicameralidad, que se logró aprobar en primera instancia. Hay una segunda votación que se tiene que dar, pero creo que se han dado decisiones importantes en el Parlamento.
-Sin embargo, también se aprobaron algunas leyes polémicas, como por ejemplo, la modificación al procedimiento de las elecciones primarias, la norma que debilita la colaboración eficaz, entre otras más…
Entiendo que hay cierto sector que también defiende estas aprobaciones. Dentro de las leyes que generan mayor discrepancia entre determinados sectores, creo que el Congreso igual ha aprobado cosas que también han sido positivas en general. Las discrepancias, las diferencias en los proyectos de ley pueden ser parte del debate; sin embargo, es parte también de la democracia entender que las votaciones se dan en relación a determinados consensos que se dan a la interna.
- ¿Desde la Mesa Directiva qué temas impulsarán en la legislatura que viene?
En lo personal, estoy empujando un pleno temático ambiental. El eje de mi función dentro del Parlamento han sido los temas ambientales y creo que hay mucha normativa pendiente por aprobar. Hay una serie de proyectos de ley que pueden ser aprobados y que, de algún modo, van a traer una serie de cambios normativos importantes. Hay reformas que necesitan una segunda votación, como la bicameralidad. Creo que es una de las más importantes o la más resaltante en esta legislatura que viene.
-Ya que menciona los temas ambientales, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ordenó promulgar la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pese a que habían dos pedidos de reconsideración pendientes. ¿Qué pasó ahí?
Ahí lo que hubo es, tal vez, una falta de comunicación sobre el procedimiento, como hay una especie de vacío entre la interpretación de la presentación de reconsideraciones. Cuando un proyecto de ley se aprueba y el acta es aprobada, ya está ejecutado el acuerdo y ya no hay nada más que hacer que continuar con el proceso. Entiendo que, y con cargo de poder revisar bien, mientras aprobamos ese tema no se presentó ninguna reconsideración y la reconsideración se presentó luego de cerrada el acta.
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-Los expertos en temas ambientales se han opuesto a la aprobación de esta propuesta al considerar que promovería la deforestación de la Amazonía, ¿cuál es su posición?
Respecto a la ley en particular. Si bien es cierto, yo he tenido mis discrepancias frente al proyecto, creo que cuando uno escucha a todos los agricultores que, de algún modo, se verían afectados por normativas que ni siquiera son de carácter nacional, sino una normativa europea, tiene otra perspectiva. O sea, mucho de los productos que nosotros exportamos son procesados o cultivados en espacios que, de algún modo, no tienen una determinación. No se sabe si es que son parte de un área de conservación o zona protegida, pero a la fecha ya está siendo trabajada. Entonces, hay legislación europea que impide que cualquier producto que sea cosechado en un área que no tenga definición finalmente sea puesto en venta, en valor o en el mercado. Sobre eso hay que tomar una decisión y creo que esta ley forestal debe estar acompañada de un proceso de reordenamiento. Esta norma tiene algunos puntos positivos y algunas cosas se tendrán que mejorar.
Sobre la JNJ y la reforma del sistema de Justicia
Al conseguir las firmas necesarias, el presidente del Congreso tiene la obligatoriedad de convocar a un pleno extraordinario. Eso es parte del procedimiento. Si bien es cierto, hay una Mesa Directiva, pero las decisiones más importantes que toma el Parlamento siempre las toma el Pleno. En este caso, si se llegase a concretar las 78 firmas, el presidente (del Parlamento) está obligado a hacer una convocatoria, inclusive tiene un límite de tiempo, entre 3 a 10 días.
-En caso el pedido con las firmas necesarias se presente entre esta semana y la otra, ¿cuándo se daría el pleno extraordinario?
No creo que se demore tanto en verdad. Lo que entiendo es que si las firmas se llegan a recolectar hoy, yo creo que fácilmente podríamos convocar al pleno extraordinario esta semana o la subsiguiente. No debería demorar más la convocatoria a un pleno extraordinario.
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-O sea, ¿se realizaría antes que acabe enero?
Antes que acabe el mes, si es que se llega a presentar lo más pronto posible. Si se presenta entre hoy o el martes, creo que antes de fin de enero se tendrá que convocar a la sesión plenaria. Esto está regulado, se tiene que dar prioridad a la convocatoria de un pleno extraordinario si se recolecta las 78 firmas.
-En caso se dé luz verde al pedido, los magistrados de la JNJ están obligados a acudir al Pleno para ejercer su derecho de defensa?
Si se convoca a un pleno extraordinario, según lo que se acuerde se realizaría una serie de acciones. Si el pleno aprueba citar nuevamente, con el tiempo suficiente y especificando lo necesario, a los miembros de la JNJ, se hará. Si el pleno aprueba la conformación de una comisión especial que revise el accionar de la JNJ, también se hará. Creo que va a depender de cuál es la iniciativa que se tiene. Lo que puedo decir, a título personal, es que en Fuerza Popular siempre hemos querido garantizar el debido proceso en cada una de las instancias, tanto es así que en los procesos que se han venido dando nosotros exigimos la ampliación del plazo.
- ¿Fuerza Popular apoyará la moción para remover a los magistrados de la JNJ?
Nosotros lo que planteamos es, de algún modo, iniciar un proceso de investigación que garantice todo tipo de espacio para que todos los miembros de la JNJ puedan defenderse. Nuestra postura todavía no la hemos tomado en relación al fondo, pero, para nosotros, es importante la forma. No nos hemos vuelto a reunir desde el término de la legislatura anterior, pero nuestra postura siempre fue esa, de defender que la JNJ tenga el tiempo suficiente para defenderse y que las formas sean las adecuadas. Tendremos que volvernos a reunir y tomar una decisión.
-La semana pasada se reunió el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y no estuvo ningún integrante del Congreso, ¿qué es lo que sucedió?
Mira, yo no he sido invitado a esa reunión. No sé si el presidente del Congreso haya sido invitado, pero creo que aquí hubo una mala interpretación del pedido que nació de Fuerza Popular para poder conformar una comisión que pueda revisar el sistema de justicia.
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- ¿Por qué dice que hubo una “mala interpretación” sobre la moción?
En primer lugar, es evidente y no es solo una sensación de Fuerza Popular, sino de todos los peruanos, que nuestro sistema judicial es, de algún modo, deficitario; o sea, tenemos muchos procesos y pocos resultados y ya hemos visto como la Policía, a veces, hace su trabajo y la Fiscalía, que también es parte del sistema judicial, termina liberando o no cumpliendo bien su trabajo, e impide que un juez pueda determinar una sanción inmediata. Entonces, creo que hay labor por hacer y que cuando se pensó en esta comisión no se dijo que el Congreso iba a aprobar una reforma sin convocar a quienes son encargados de dictar la justicia en el Perú. Esto era justamente un llamado a que se cree una comisión que pueda tener el encargo de elaborar una reforma, pero con un consenso con el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía. O sea, necesitamos una posición integral, incluso en esta reforma debería tener la palabra la PNP.
-El problema está en que la moción plantea que la propuesta de reforma se presente en tan solo 45 días…
Creo que eso no se entendió bien y piensan que una reforma de esta envergadura pueda darse en cuatro, cinco o algunas semanas. Eso es imposible, es inviable conseguir los consensos luego de tener todas estas convocatorias. También es difícil construir un consenso porque cada bancada tendrá pues una mirada distinta de lo que significa el sistema judicial y en dónde podríamos ejercer mejoras. Entonces, cuando este Consejo tenga algunos resultados, pues igual van a tener que ser aterrizados en el Parlamento, que es donde finalmente se van a votar las reformas. Habrá que esperar cómo decanta y qué es lo da como resultado estas reuniones. Espero que esto no sea pues una foto más que quede en absolutamente nada.
-Precisamente, los miembros del Consejo se comprometieron a respetar la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos que la integran. Esto en referencia al reciente conflicto entre el Congreso y la JNJ, ¿qué le parece?
Bueno, acordar algo que es evidente me parece innecesario. Eso no es parte de una reforma, eso es parte de lo que se tiene que hacer, ahí no hay nada que discutir. Los organismos autónomos independientes tienen que ser respetados como tiene que ser. Vuelvo a insistir, eso no es parte de una reforma. Se debe buscar una solución. Todo lo demás que no aterrice en decisiones reales o en acuerdos, es un saludo a la bandera.
-Sobre la moción que presentó su bancada, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su rechazo y su preocupación, así como aseguró que antes de hacer cualquier reforma tienen que consultar con ellos, ¿qué le respondería?
Lo que creo es que ha habido una mala interpretación por parte del titular del Poder Judicial. Todo tipo de reformas parten de un diálogo y, finalmente, se decantan en el Congreso. Lo que ha habido es una equivocación de parte de determinados sectores de creer que estas modificaciones o reformas iban a ser planteadas desde el Congreso sin que se los convoque a ellos. Es evidente que cuando uno quiere hacer una reforma grande, cuando uno tiene por delante un gran trabajo que, lamentablemente, ha sido descuidado por muchos años, se tiene que convocar a los actores y que le tengamos miedo a los cambios es un error. Tenemos que hacer modificaciones. Hay resultados que tenemos que dar y que parten del diálogo.
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-Entonces, ¿quiere decir que no van a dar marcha atrás en la reforma del sistema de justicia?
No vamos a dar marcha atrás porque creemos que es importante el poder continuar con la revisión (del sistema de justicia) y bajo este eje principal, que es la coordinación con los actores indicados.
Bicameralidad, gastos y otros temas
-Respecto a los bonos aprobados a fines del año pasado y otros polémicos gastos, como las tarjetas de consumo, los celulares y medallas, en plena recesión económica, ¿desde el Congreso habrá un mea culpa por todo esto?
En lo que respecta a las bonificaciones, como lo ha mencionado el presidente del Congreso se van a suspender, más allá de las programadas. Esto será eliminado de algún modo por los acuerdos que se han tomado en los procesos de negociación colectiva. Sobre las compras, siempre el Congreso ha sido objeto de crítica por cualquier tipo de compras. Por ejemplo, mañana compramos computadoras y la gente se preguntará por qué compra computadoras en medio de un receso, pero cuando uno va al Parlamento y ve como están las computadoras de los trabajadores, no se le puede exigir mucho a un trabajador si ni siquiera el parlamento le puede proveer de lo mínimo. En relación a los gastos, lo que siempre se ha procurado es tener un ordenamiento. Eso es lo que de algún modo se va a plantear.
- ¿Hay alguna fecha tentativa para la segunda votación de la ley que plantea el retorno a la bicameralidad?
Será una de las prioridades. Aún no hay una fecha específica porque todo lo que entra al Pleno no lo decide la Mesa Directiva, sino la Junta de Portavoces. Si la Junta decide que se vea en el primer pleno, pues se verá en el primer pleno. Si es en la primera quincena, será en la quincena, pero yo, a título personal, considero que debería ser uno de los principales.
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- ¿Habrá consenso para aprobar la segunda votación en el Pleno?
Creo que sí. Espero que, que algún modo, se puedan lograr los acuerdos necesarios para conseguir los votos que se registraron en la primera votación, que fueron varios.
-En lo que respecta a la denuncia constitucional que presentó Patricia Benavides en contra de Dina Boluarte por las muertes en las protestas, ¿se dará prioridad?
Sí, tiene que verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es de competencia de la congresista Lady Camones. Ella planteará la forma y la celeridad que le tenga que dar. Hay plazos de tiempo cuando se asigna la investigación para cumplir con las formas y los alegatos. Es un proceso largo, parte primero en la votación de la subcomisión, luego se tiene que dar el ejercicio de la defensa de la presidenta, luego va a la Comisión Permanente y, finalmente, llega al Pleno.
- ¿Cómo será la relación entre Ejecutivo y Legislativo en esta primera parte del año?
Creo que lo que hemos hecho siempre es abrirle la puerta al diálogo. Estamos viendo cómo se desarrolla el fenómeno El Niño y estaremos ahí en el caso que se desarrolle alguna convocatoria o alguna normativa especial, así como continuaremos con el trabajo de fiscalización. Entonces, creo que la relación entre Ejecutivo y Legislativo estará dentro de los cánones que se debe establecer. No es una condición de servilismo ni de apoyo en las decisiones sin ningún tipo de control. Esta relación tiene que continuar y, de algún modo, el Gobierno tiene que entender que ya es momento que existan algunos cambios ministeriales.
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-A su juicio, ¿el premier Alberto Otárola debe dar un paso al costado?
Creo que lo que tenemos que entender es que hay personas que, conforme va pasando el tiempo, van teniendo cierta resistencia de la ciudadanía. La verdad es que cuándo se habla de cambios, uno sabe qué persona reemplazará a la otra. Creo que hay otros cambios que son muchos más importantes.
- ¿Cómo cuáles?
La ministra de Agricultura (Jennifer Contreras), por ejemplo, ha brillado por su ausencia. La verdad es que el tema agrario en el Perú está dejado de lado. En lo que respecta al sector economía, más allá de la dificultad que le ha tocado al ministro (Álex Contreras) asumir en tiempos complicados, creo que debe hacer modificaciones al estilo de la forma de ver el Perú.
-Varios congresistas sostienen que en el Gobierno manda el premier Alberto Otárola y no la presidenta Dina Boluarte, ¿qué piensa usted?
Como es evidente, el premier Alberto Otárola debe tener cierto liderazgo dentro del Ejecutivo. Es como el jefe de ministros, el jefe de Gobierno. Es a quien la presidenta delega realmente sus decisiones, y las tiene que trasladar al Consejo de Ministros. Es evidente que debe tener un liderazgo, pero de ahí que se crea que el premier, de algún modo, tiene más poder que la presidenta, creo que es poco creíble.
-¿En esta legislatura continuará la “alianza” entre Fuerza Popular y Perú Libre?
No sé por qué se habla de una alianza cuando la verdad es que, como se pudo ver en las votaciones, Perú Libre tiene una agenda propia. No es una agenda que comparta Fuerza Popular. Más allá de las decisiones que se hayan tomado, y en algunos momentos hemos estado de acuerdo con proyectos de ley que ellos han presentado, una alianza como tal no hay. Ha habido determinados acuerdos para poder conformar una Mesa Directiva, pero más allá de eso, una alianza como tal no ha existido. El buen entendimiento con todos los grupos parlamentarios debe continuar.
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