Desde Fuerza Popular respaldaron las medidas adoptadas por la Mesa Directiva frente a las investigaciones por la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso.
En entrevista con Gestión, el vocero den dicha bancada, Arturo Alegría, respaldó la continuidad del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aunque remarcó que su partido, Alianza para el Progreso (APP), debe asumir su responsabilidad por la contratación de Jorge Torres Saravia.
También se pronuncia por el futuro del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien se le busca censurar en el cargo.
-¿Cuáles son los principales temas que impulsarán en esta legislatura, que iniciará en marzo?
Dentro de los temas que tenemos en cartera hay uno vinculado con el acceso a medicinas de países de alta vigilancia. Otro tema que nos preocupa mucho es el de los pasajes aéreos y el fortalecimiento del derecho de los usuarios. Es un proyecto de ley que venimos impulsando para que uno pueda endosar los pasajes a un tercero en caso no pueda viajar. También tenemos el proyecto de arrendamiento justo, que está en la comisión de Economía, entre otros temas más.
-Uno de los temas que quedaron pendientes al cierre de la legislatura anterior fue la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. El Gobierno esperó hasta el ultimo minuto para observarla, ¿cómo califica dicha postura?
En primer lugar, el Ejecutivo aquí ha tenido una tardanza que llama bastante la atención; o sea, si tú has querido observar el tema, que es tan relevante, de importancia nacional, no lo haces a último momento. En segundo lugar, quiero ahondar en esto: la seguridad ciudadana en el Perú no es responsabilidad de 1,2 o 3 leyes.
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-¿Por qué lo dice?
Lamentablemente nos han venido construyendo un discurso en el que una ley es la que libera delincuentes o hace inviable el trabajo de los que están impartiendo justicia. Yo lo que quiero dejar claro es que partimos de un error gravísimo que no podemos seguir sosteniendo. No es que una ley, un congresista o un ministro sea la solución al problema. Aquí lo que tenemos que entender es que existe todo un mecanismo que no ha funcionado, porque con las leyes que se tenían hasta antes de estas modificatorias es que tenemos la inseguridad ciudadana que tenemos hoy en día.
-Sin embargo, el Congreso también tiene parte de culpa ante esta situación debido a que, en un primer momento, derogaron la detención preliminar en casos de no flagrancia, aunque después retrocedieron, ¿harán un mea culpa?
Siempre uno puede tener un ejercicio de autorreflexión. De hecho, como pasó en este tema, se corrigió, las bancadas y los legisladores que estuvimos en ese debate hicimos hasta lo imposible por buscar un acuerdo o consenso y empujamos la autógrafa. Se cambiaron las normas y se aprobó rápidamente. Entonces, estos ejercicios de autorreflexión lo hicimos. Obviamente no somos infalibles; sin embargo, lo que no podemos hacer es trasladar la responsabilidad de lo que está sucediendo en el país en los últimos 10 años a la aprobación de unas cuantas normas. Eso resulta poco serio.
-Pese a la urgencia de aprobar la norma por insistencia, en la comisión de Justicia realizarán una mesa técnica para analizarlas observaciones del Ejecutivo, lo que demorará aún más el tema, ¿qué es lo que piensan hacer?
Evidentemente se tiene que acelerar el tema. La Comisión Permanente podría evaluar el tema si es que aprobamos el tema por insistencia, pero si existe algún allanamiento en alguno de los puntos que han sido observados por el Gobierno, esto va a tener que ser aprobado por el Pleno porque procedimentalmente una autógrafa observada o un dictamen que contenga un allanamiento no puede ser debatido en la Comisión Permanente. Hay que acordarnos que la única bancada que se opuso a la restitución de este tema fue Perú Libre, que preside la comisión de Justicia.
-¿Podría haber algún entrampamiento?
Acá tenemos que hacer una exhortación a esta bancada y al presidente de la comisión de Justicia (Isaac Mita), quien es avalado por Renovación Popular, para poder buscar un cambio. Uno puede hacer la mesa técnica en un día y al siguiente realizar una sesión adicional y presentar el predictamen con la decisión, sea a favor de las observaciones o una insistencia. Quienes vamos a estar en el grupo de trabajo tenemos que hacer un llamado para que esto se apresure. Si es que hay la necesidad de hacer una convocatoria para poder ver esto en un Pleno, se evaluará, pero creemos que en una sola sesión, en dos días, esto se puede resolver.
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-El cuestionamiento principal es que el Gobierno está planteando excluir, al menos, 88 delitos, entre ellos, corrupción de funcionarios y crimen organizado, ¿rechazarán este punto?
Definitivamente. Uno tiene que entender que hay cosas que la ley no puede incorporar. La norma es el marco general, porque si yo voy a hacer una tipificación en un proyecto de ley de cada uno de los delitos que se deben comprender y no comprender, tendríamos una excesiva demora en saber si el delito ‘A’, el delito ‘B’, o el delito ‘C’ se incorporan o no. Por eso es que lo que nosotros habíamos decidido es hacer un marco legal grande, en el que la reglamentación pueda determinar los ajustes necesarios que debe tener la ley.
APP y la presunta red de prostitución en el Congreso
-Respecto a la investigación por la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso, ¿cómo evalúa las medidas que viene adoptando la Mesa Directiva?
Quiero deslindar totalmente de que en el Parlamento exista una red de prostitución. No podemos ser tan ligeros al momento de lanzar una acusación, que afecta la institucionalidad del Parlamento. Evidentemente cada uno de los parlamentarios es responsable por las personas a las que contrata. Respecto a los cambios que se han hecho, creo que han sido sustanciales.
-¿Cuáles destaca?
En primer lugar, el colocar a una persona (Ángel Delgado) que, de algún modo, tienen los pergaminos para poder hacer un control adecuado de las decisiones que vaya a tomar esta oficina (Legal y Constitucional), así como el cambiar al director general de administración, que evidentemente era parte de un cambio necesario, y el convocar al sindicato para que también propongan nombres de carrera que puedan asumir esta responsabilidad. Creo que han sido cambios sustanciales.
-El Congreso publicó un comunicado en el que aseguraron que Andrea Vidal no era el verdadero objeto de los sicarios que atentaron su vehículo, pese a que la investigación en la Fiscalía aún no termina, ¿se precipitaron?
Concluido este informe pericial de la Policía Nacional del Perú, se determinó que, de algún modo, el real objetivo, por el impacto de la bala y otros factores, era el taxista. Si bien esto es lo que dice el informe, creo que existe un error en el comunicado del Parlamento al tratar de hacer ver como que este informe fuera la conclusión final de todo el proceso de investigación. Creo que por ahí viene el error.
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-Un grupo de congresistas demandan la remoción del Oficial Mayor, Giovanni Forno, quien dijo no recordar quien entregó el CV de Jorge Torres Saravia, ¿apoyan este pedido?
Él (Giovanni Forno) es un funcionario de carrera, con más de 20 o 30 años de experiencia en el Parlamento. Es una persona que ha pasado por todos los estamentos institucionales y ahora volvió a repetir el cargo de oficial mayor. Doy fe del expertise y el profesionalismo que tiene el señor Forno y un personaje tan cuestionable como el señor Jorge Torres Saravia no lo va a empañar. Creo que los cambios que se han hecho han sido necesarios, pero no podemos tirar un trabajo. A un funcionario de carrera, que ha cumplido con su trabajo y que convocó a un grupo para poder hacer una revisión amplia de lo decidido, no se le puede echar la culpa por esto.
-Entonces, ¿ustedes sí le renovarían la confianza al señor Forno?
Evidentemente sí, porque creo que él ha cumplido con su trabajo y es un funcionario de carrera. Más allá de un escándalo que no depende de él, hizo bien su trabajo, en todo sentido, a cargo de la Oficialía Mayor.
-Este es un escándalo más en el que está envuelto Alianza para el Progreso (APP); sin embargo, desde dicho partido no quieren asumir su responsabilidad, ¿qué le parece esa postura?
Creo que hay una gran equivocación en Alianza para el Progreso (APP), que, de algún modo, no tienen los filtros necesarios para poder designar y recomendar a personas que puedan ejercer un cargo administrativo. Evidentemente quien asume una responsabilidad en el Parlamento siempre trabaja con las personas que cree van a poder llevar adelante los objetivos institucionales y de gestión que cada uno tiene. APP ha cometido un error en colocar a personas que no solamente no ha hecho bien su trabajo, sino, además, tienen un prontuariado, que da mucho que decir.
-¿APP tiene que asumir su responsabilidad política por la contratación de Torres Saravia?
Evidentemente, eso tiene que suceder. APP tiene que responder políticamente por la contratación de Torres Saravia y este escándalo a raíz de las designaciones que dependen de ellos. Es obvio que los cargos de responsabilidad y de confianza son cargos en los que tú vas a tratar de colocar a lo mejor que tienes. Esa equivocación de no saber a quien uno pone deja mucho que desear, porque creemos que ahí ha habido grandes errores y APP tendrá que responder al respecto.
-¿Cree que fue un error que Eduardo Salhuana haya viajado a China en medio del escándalo?
Yo no hubiera viajado. Si hubiese sido presidente del Congreso, le hubiese dado las disculpas al presidente de China y le comunicaba que no iba a viajar porque mi institución está sufriendo una crisis delicada y requiere mi presencia. Es un error que cada uno debe asumir.
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-Frente a ello, ¿cree que el presidente del Congreso debería evaluar su renuncia en el cargo?
En primer lugar, tú tienes que asumir responsabilidades políticas en determinados escenarios. Creo que lo que ha hecho el presidente del Congreso y la Mesa Directiva en general es hacer los ajustes necesarios, han salido a responder y creo que los gestos políticos de Salhuana, de cambiar un poco la dinámica de comunicación con la prensa, fue una mirada positiva. Los cambios que se han dado, los mecanismos de control y de fiscalización que se dieron, fueron adecuados a nivel administrativo. Ahora, vienen grupos a hacer cuestionamientos que no tienen nada que ver con este tema, están pidiendo su censura y quieren generar mayor caos.
-Entonces, ¿se oponen a que Salhuana sea censurado en el cargo?
Creo que no podemos caer en el juego tan sencillo de poder decir vamos a censurar por censurar. Hago estas preguntas: ¿se han tomado las decisiones adecuadamente en el momento oportuno?, si; ¿se han hecho los cambios necesarios en este receso?, si; ¿se han abierto las puertas para que las investigaciones se den de la manera mas célere y transparente?, si; ¿se ha convocado a la Contraloría para que evalúe toda la documentación?, si; ¿la Fiscalía tiene las puertas abiertas para poder investigar?, si. Por qué no esperamos que exista un proceso adecuado de control, de investigación y luego tomamos decisiones. Tratar de ver esto como un escenario preelectoral es lo que nosotros, a nivel de partido, no vamos a caer.
Apoyo a censura de Santiváñez se decidirá la próxima semana
-Desde Suiza, Dina Boluarte aseguró que el Perú ha recuperado su tranquilidad política, económica y social, pese a que las extorsiones, homicidios y criminalidad organizada siguen en aumento, ¿cómo califica estas declaraciones?
La presidenta Dina Boluarte está desconectada del país. Creo que mucho para en Palacio de Gobierno, pero no tiene ni la popularidad ni catadura para poder hacer aseveraciones de ese tipo. Cuando una persona, y en este caso hablo de la presidenta, no entiende que lo mejor para un país tan convulsionado y con tanta conflictividad como el nuestro es siempre tener la mayor humildad posible en los comentarios políticos que haces, es que no sabe qué tipo de país está gobernando. Ella tiene que entender que vivimos en un país con una conflictividad tremenda y ser, a veces, soberbios es el peor error en política.
-¿En qué cree que la presidenta está siendo soberbia?
Creo que hay una soberbia al decir que todas las cosas están bien, que las críticas que se le hacen son solo un ataque político. No señora Dina Boluarte, no solamente es un ataque político, no solamente es un titular de un medio de comunicación, esta es una percepción generalizada de la ciudadanía de que las cosas no están funcionando bien. Eso es algo que tiene que entender porque todavía falta un poco más de un año para que concluya su Gobierno.
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-En el tema de la inseguridad ciudadana, el Gobierno pidió al Congreso que aprueben la tipificación del delito de terrorismo urbano, ¿será suficiente?
No, y pongo un ejemplo para demostrar que las cosas se están haciendo mal. Mañana declaro un estado de emergencia en San Luis, pero a las horas los delincuentes se van a San Borja, El Agustino o a La Victoria. Entonces, si nosotros vamos a creer que con estas medidas que uno hace o piden con bombos y platillos son soluciones reales, estamos equivocados. No hemos visto, por ejemplo, que el Ejecutivo, junto a las demás instituciones que administran justicia, tomen la batuta y digan a todas las demás instituciones que nos sentemos para armar un plan real con la finalidad de combatir la delincuencia, eso no se ha visto.
-En octubre pasado, Fuerza Popular emitió un comunicado en el que demandaron al Gobierno acciones concretas e inmediatas para combatir la inseguridad. Propusieron, por ejemplo, que las FF.AA. administren temporalmente por 120 días las cárceles, entre otras medidas, pero no les hicieron caso...
Es que lamentablemente este Gobierno está más preocupado en solucionar los problemas de carácter político que tiene el país que la conflictividad social; es decir, sale una noticia que involucra al hermano de la presidenta y los ministros salen en fila a decir cómo es posible, así como califican de persecución estos hechos. O sea, los ministros envés de estar avocados a sus temas, a sus carteras, a su responsabilidad, están tratando de apagar incendios, esa no es su labor. Un ministro no tiene la labor apagar los escándalos políticos del Gobierno.
-Respecto al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ¿qué es lo que tendría que ocurrir para que su bancada apoye su censura?
Lo primero es que uno hace el ejercicio de control político en el Congreso cuando entiende que el Ejecutivo mira atrás ante cualquier cuestionamiento válido que pueda tener un determinado sector de la ciudadanía. En este caso no estamos hablando de un sector, sino de todo el país, pero uno también tiene que ser, de algún modo, sensato al momento de plantear temas de control político. Evidentemente quien tiene la primera potestad de hacer el cambio de un ministro es la presidenta..
-Pero la presidenta no lo quiere hacer; es más, le ha brindando su respaldo, pese a las críticas...
Cuando ellos ya no entienden es cuando finalmente las herramientas constitucionales se deben ejercer. Y ahí aclaro que Fuerza Popular no es que se cierra a evaluar una moción de interpelación o censura de Santiváñez. Nosotros estamos en una permanente comunicación y seguro que al término de la semana de representación nos reuniremos como bancada para tomar una decisión. Hoy no podríamos presentar una moción de interpelación o censura, ya que recién se votaría el 15 o 16 de marzo. Entonces, mientras tanto hay que hacer algo.
-¿Cómo qué cosa?
Hay que presionar al Ejecutivo para que tomen las acciones necesarias. Hay que preguntarles qué pasa, por qué no están usando todos los recursos, por qué aún no convocan a las FF.AA. Nuevamente repito, la interpelación o censura son mecanismos de control político que son tomados en determinados momentos. Hoy por hoy estamos en un receso legislativo. Nosotros nos reuniremos la próxima semana, al terminar la semana de representación, para tomar decisiones y la haremos saber a través de un comunicado.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.