En medio del incremento de la extorsión y sicariato en el país, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó que los policías están en su derecho de abatir a delincuentes que ataquen con armas o explosivos.
Desde Cajamarca, recordó que los policías son los primeros “que dan la cara frente a la delincuencia” y, por lo tanto, tienen “derecho a la vida y a la integridad”.
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Arévalo añadió, además, que debe establecerse que si un efectivo, en acto de servicio, causa lesiones a delincuentes, este debe “estar exonerado de toda responsabilidad o sanción penal”.
Sin embargo, aclaró que, en caso se cometan presuntos abusos policiales, los efectivos deberán ser investigados por la Inspectoría de dicha institución.
“Si se determina que se cometieron excesos, el hecho deberá ser remitido a la Fiscalía a fin de proceder con el respectivo proceso penal”, acotó.
Rechaza criminalización de las protestas
Respecto al proyecto de ley del Gobierno que crea el delito de terrorismo urbano, Arévalo consideró que criminalizar a quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta es un acto demagógico y abusivo.
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En ese sentido, sostuvo que los fiscales deben diferenciar entre trabajadores en huelga y delincuentes que lanzan granadas o disparan.
Al ser consultado por la reforma en el sistema de justicia, el magistrado supremo reiteró que esta no se puede lograr de un momento a otro, por lo que instó al Parlamento a aprobar con urgencia la ley de reforma del proceso laboral, de flagrancia y de oralidad civil, así como todas necesarias para agilizar los procesos judiciales.
Finalmente, dijo que si la ley que modifica la definición del crimen organizado, que ha sido cuestionada desde diversas instituciones, es un obstáculo para combatir la delincuencia, esta debe ser modificada.
“Parece que el Congreso no la va a modificar. En principio, digo que si una ley es un obstáculo para la lucha contra la delincuencia, debería ser modificada; sin embargo, si eso no ocurre, debería verse por otro lado”, señaló tras precisar que se podrían elevar las penas de cárcel efectiva para delitos como la extorsión.
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