El último lunes, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dio unas declaraciones que causaron polémica e indignación en la ciudadanía. En diálogo con Canal N, aseguró que el índice de extorsión se incrementó porque las víctimas “aceptan o se dejan intimidar por la vía telefónica”.
“¿Por qué ha subido la extorsión? Muy sencillo, porque llaman a una infinidad de personas y hay algunos que aceptan por miedo. Entonces la extorsión resulta siendo fácil cuando alguno acepta o se deja intimidar solamente por la vía telefónica. Sin embargo, los operativos (en los penales) van a seguir, la política del ministerio va a ser tomar el control dentro de los penales”, señaló.
Tras conocerse estas declaraciones, desde diversos sectores cuestionaron al titular del Minjus por intentar culpar a la ciudadanía por el incremento de la extorsión telefónica.
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Dos días después de que se iniciara esta polémica, Arana retrocedió y, en entrevista con radio Exitosa, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. A su juicio, nunca intentó culpas a las víctimas sobre el aumento de este delito.
“No es la culpa de la víctima, por supuesto que no, que quede bien claro eso. Nunca he dicho eso, jamás me permitiría decir que un ciudadano sea responsable de que un delincuente lo asalte”, acotó.
El ministro explicó que lo que intentó expresar con sus declaraciones es que las personas acudan a la Policía a denunciar este tipo de delitos.
“Lamento que una frase que dije de manera incompleta haya generado tanta preocupación y creo que ha habido una incorrecta interpretación. Lo que yo he querido decir es si a uno lo llaman, lo que hay que hacer es comunicar a la Policía para que actúen (...) a nadie se le ocurre que vamos a responsabilizar a la víctima por un delito, decir eso es incorrecto”, aseveró.
Añadió que su sector y el Gobierno están permanentemente atendiendo a la ciudadanía, así como entiende la preocupación de las víctimas.
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Cabe recordar que solo hasta agosto de este año se han reportado 12,936 denuncias por extorsión, según reportó el Ministerio del Interior.
Situación de personas bajo prisión preventiva y uso de grilletes
En otro momento, Arana se pronunció respecto a la situación de las personas que están bajo el mandato de prisión preventiva; es decir, ciudadanos que pese a aún no tener una sentencia, se encuentran tras las rejas.
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En ese sentido, informó que actualmente un aproximado de 40% de internos de los penales se encuentran procesados, por lo que aún no han sido sentenciados o juzgados.
“La cantidad evidentemente es grande y también hemos dispuesto que la defensa publica actúe para acelerar esos casos. Le he expresado mi preocupación al presidente del Poder Judicial para que esto se resuelva”, acotó.
Respecto al uso de grilletes electrónicos, el ministro recordó que actualmente el régimen legal establece que la aprobación de este mecanismo recae sobre un juez del Poder Judicial; sin embargo, adelantó que próximamente presentarán una iniciativa legal para que esa potestad recaiga en su sector y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“El juez decide y determina a quién le corresponde un grillete electrónico. Entonces, lo que hemos señalado es que esto debe ser una política penitenciaria. Lo que estamos proponiendo, y en la próxima semana se verá, es una fórmula legal que permita al INPE y al Minjus determinar los casos en los cuáles se aplica estos aparatos”, manifestó.
Añadió que en este momento no más de 100 personas utilizan grilletes electrónicos en el país.
Finalmente, dijo que ya se ha identificado a casi 1,000 presos cuyos casos “podrían irse despenalizando”, tras identificar que no son personas con características de violencia o que puedan afectar al resto de la población. Afirmó que muy pronto se tendrán novedades sobre esta medida.
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