Continúan las repercusiones en torno a la organización criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, no descartó haber presentado al abogado José Luis Hauyón, cuya vivienda fue allanada ayer en el marco de la continuación del operativo ‘Valkiria V’, a Benavides.
Si bien precisó que no recuerda el episodio, que ubicó entre los años 2000 y 2001, señaló que es “muy probable” que se haya dado.
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“No descarto (haber presentado a José Luis Hauyón a Patricia Benavides), no recuerdo, estamos hablando de la época del 2000, 2001, en la época que estaba en el Consejo (Nacional) de la Magistratura y mi circulo académico era permanentemente de relaciones con las instituciones y también el círculo de relaciones con los docentes y fiscales era muy frecuente”, dijo a RPP.
No obstante, aclaró que no ha tenido contacto con el abogado desde hace 15 años.
“Los conozco (a Hauyón y Benavides) desde esa época y desde esa época los dejé de ver, ya no las veo desde hace 15 años (…) no recuerdo haberlos tratado después”, aseveró Arana.
De acuerdo a la tesis fiscal, a ambas personas se les indaga por haber realizado acciones para la selección y nombramiento de Benavides, como fiscal suprema, y de Antonio Fernández Jerí, como jefe de la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público, “desplegando sus influencias para tal fin” ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Caso Alberto Fujimori
En otro momento, Arana reiteró que la actuación del Gobierno durante la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori fue la de acatar el mandato del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba su pronta liberación.
En ese sentido, el ministro reiteró que, desde el Ejecutivo, no evaluaron una solución distinta a lo resuelto por el TC, como el acatar la orden de la Corte IDH y sugerirle al exmandatario y a su entorno solicitar un nuevo indulto.
“No hubo ese escenario, no lo pensamos en ese momento porque no teníamos que pensar, teníamos una disposición, un mandato del Tribunal Constitucional que se tenía que cumplir y que, en efecto, se cumplió”, acotó.
Arana recalcó que la Corte IDH dictó sentencia en el caso de La Cantuta y Barrios Altos y que estas medidas “ya fueron ejecutadas por el Estado peruano”.
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