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La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció en contra del proyecto de ley que busca sancionar con hasta tres años de cárcel suspendida a fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.
Mediante sus redes sociales, la entidad calificó esta propuesta, anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humano, Félix Chero, como un “potencial riesgo” para la actividad que realizan los periodistas, pues considera que obstruye el aporte de la justicia a la investigación de la prensa.
“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”, se lee en su cuenta de Twitter.
La asociación también se manifestó en contra del proyecto de ley que aprobó, en marzo pasado, la Comisión de Justicia del Congreso respecto a la posibilidad que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces e investigaciones del Ministerio Público.
Finalmente, la ANP aseveró que mantendrá vigilante ante esta clase de propuestas “atentatorias al trabajo periodístico y que pretenden criminalizar al mensajero”.
Proyecto de ley
El último domingo, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció este proyecto de ley, basándose en que las filtraciones afectan el debido proceso, sin embargo, precisó que esto no afecta a la libertad de expresión, ya que los periodistas siguen teniendo el derecho a no revelar sus fuentes de información.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el código procesal penal que dice que la investigaciones es reservada. Es decir solo pueden tener acceso la partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, dijo en diálogo con Canal N.
“La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales”, agregó.
