El Pleno del Congreso aprobó el último miércoles el dictamen que restituye la reelección de alcaldes y gobernadores por una sola vez. Al no alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, la norma deberá ir a un referéndum para su aplicación.
Sin embargo, desde Fuerza Popular y Somos Perú presentaron dos recursos de reconsideración, por lo que el Pleno del Congreso deberá volver a votar la propuesta.
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Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, pidió al Parlamento que reflexione y apruebe dicha reforma constitucional
“Esperamos que esto se apruebe en el Congreso, que se ha puesto una reconsideración. Faltan 9 votos. Tomen en consideración y con madurez y reflexión política. Me ha dado pena que un congresista diga que no, en esta elección, no. O sea, no quieren competencia. Como ellos van a postular a regiones, no quieren competencia y por esa razón quieren que se aplique a partir del 2027″, indicó esta mañana a Canal N.
El también gobernador regional de Áncash exhortó a los legisladores que tomen en cuenta cuánto costaría a nivel del erario público el incluir en una elección nacional el referéndum para su reelección.
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EQUIDAD EN LAS REGLAS DE REELECCIÓN
En otro momento, Noriega consideró que si el Congreso ya se ha otorgado el derecho a la reelección inmediata, también corresponde que las autoridades subnacionales, como alcaldes y gobernadores, lo tengan.
En ese sentido, explicó que no se pide un trato privilegiado, sino igualdad de condiciones.
“Con los mismos argumentos, el Parlamento aprobó la reelección inmediata para los congresistas. En este espacio, tanto de gobiernos regionales y autoridades municipales, también tienen ese derecho”, enfatizó.
“Con el mismo argumento tanto para el Congreso, pienso que debe ser justo para gobernadores y alcaldes, a pesar que muchos gobernadores no vamos a participar en estas elecciones”, añadió el gobernador.
A su juicio, el permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores contribuiría a mejorar la calidad de la gestión pública, al incentivar la continuidad de buenas prácticas administrativas y políticas.
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