Tras la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, desde el Congreso advirtieron que el abogado, quien afronta 12 investigaciones en el Ministerio Público por diversos delitos, tendría como principal objetivo concretar la propuesta de salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que generaría una serie de repercusiones.
Sin embargo, no todos los miembros del Consejo de Ministros estarían de acuerdo con dicha medida.
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Así lo señaló el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, tras precisar que no hay un consenso sobre el tema en el Gabinete Ministerial.
“Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la Corte IDH, pero hay ministros que sí lo consideran. Al final, el Ejecutivo tomará su decisión”, indicó el último lunes a la prensa.
Respecto a las críticas por el retorno de Santiváñez al gabinete, Manero remarcó que es respetuoso de todas las opiniones, pero resaltó la necesidad de confiar en las decisiones que se adoptan en el Ejecutivo.
En ese sentido, recordó que el premier Eduardo Arana tiene experiencia política, por lo que dijo suponer que, antes de realizar este nombramiento, realizó las consultas respectivas.
“No hay preocupación”, respondió al ser consultado por alguna citación al Congreso a raíz de la designación de Santiváñez.
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APOYA UNA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Al ser consultado sobre una posible reforma del sistema de justicia, Manero señaló que respalda la propuesta de la presidenta Dina Boluarte y dijo esperar que se llegue a concretar en los próximos meses.
“Es algo que ofreció el Poder Ejecutivo y espero que se den en los próximos meses”, dijo el titular del sector agro.
En una entrevista al diario Expreso, Santiváñez indicó que se requiere “un Ministerio de Justicia con mayor agilidad”, por lo que adoptará una serie de medidas en los primeros 100 días de gestión.
Según dijo, no solo agilizará la reforma de justicia, sino también, la construcción de los penales, la estructuración de nuevos centros de reclusión que cumplan su finalidad, así como reforzar la posición que tiene Boluarte con respecto a las normas de amnistía a policías y militares y la del Estado peruano frente a la Corte IDH.
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