A pocos meses del inicio del juicio oral contra Susana Villarán por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho y lavado de activos, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero cuestionó severamente el desempeño del equipo especial Lava Jato en el manejo del proceso de colaboración eficaz de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión Villarán, quien falleció en circunstancias aún por esclarecerse.
“Son cinco años prácticamente en proceso de colaboración eficaz y los fiscales que han dirigido ese proceso han sido realmente incompetentes”, sostuvo Ampuero. “O cuál ha sido el interés que han tenido en no cerrar este caso. El único responsable de que no haya tenido la condición de colaborador eficaz es la Fiscalía, porque es quien dirige todo el proceso”.
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Según la exprocuradora, la investigación estaba respaldada no solo por las declaraciones de los representantes de Odebrecht, sino también por los de OAS, quienes confirmaron haber entregado fondos a las campañas de Villarán. “En total habría recibido 10 millones, y cuando ya era alcaldesa porque ahí era la campaña de la No revocatoria”, indicó.
Ampuero precisó que, aunque el acuerdo de colaboración eficaz no se formalizó ni fue homologado por el Poder Judicial, las declaraciones de Castro dadas en el proceso penal —durante la etapa de investigación preparatoria— sí podrán ser utilizadas en el juicio oral. “Esas sí se podrán dar lectura, se podrá debatir y se podrá servir de fundamento para que los magistrados emitan una sentencia”, señaló.
Respecto a la muerte del exfuncionario, la exprocuradora fue tajante: “La evidencia está demostrando que estamos frente a un homicidio calificado, a una persona a quien le han quitado la vida. Llama la atención en las circunstancias en que ya teníamos fecha de inicio del juicio oral”.
Castro, indicó, era un testigo clave dentro de la teoría del Ministerio Público. “Su declaración iba a ser una prueba de cargo, que le iba a ayudar a la fiscalía a probar la imputación”, subrayó.
Para Katherine Ampuero, la muerte de José Miguel Castro ocurre en un momento clave: su testimonio en el juicio contra Susana Villarán podía ser determinante para una condena. Foto: Andina.
Ampuero también recordó que fue durante su gestión como procuradora que se solicitó reabrir la investigación a Villarán por el caso Rutas de Lima, tras la existencia de nueva evidencia, ya que la fiscalía y la propia Procuraduría Anticorrupción habían consentido su archivamiento. “El otorgamiento de esta concesión a favor de Odebrecht fue absolutamente irregular”, afirmó.
Asimismo, cuestionó que la fiscalía no haya incluido ese caso —ni el del Gaseoducto— en el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña. “Odebrecht ha dado información selectiva, a cuentagotas y cuidando sus intereses económicos. Jamás iban a reconocer responsabilidad en Rutas de Lima ni en el Gaseoducto. Reconocer eso sería perder los millonarios arbitrajes que han demandado al Estado peruano”.
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Consultada sobre las implicancias de continuar el caso sin Castro, Ampuero sostuvo que esto no significa necesariamente que el Estado esté debilitado frente a futuras acciones judiciales. “No sabemos lo que obra en ese cuaderno de colaboración eficaz, no sabemos lo que ha dicho dentro del proceso penal, cuya declaración va a ser leída ahora en el juicio oral. Lo que él dice se corrobora con las declaraciones de Barata, del representante de OAS y lo que ha señalado públicamente Susana Villarán: los millonarios ingresos que recibió como aportes de campaña”.
Finalmente, recordó que Villarán reconoció públicamente haber recibido fondos de empresas con intereses directos en concesiones municipales. “Durante campaña señaló expresamente que aquellos candidatos que reciben mucho dinero es porque saben que tienen que dar algo a cambio al llegar al sillón municipal. Ella sabía perfectamente que lo que estaba recibiendo iba a tener su contraprestación. Y definitivamente la tuvo: las concesiones de Rutas de Lima y Línea Amarilla”, concluyó.
