La expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada el pasado viernes 10 de octubre, solicitó formalmente al Congreso de la República activar su pensión vitalicia y otros beneficios correspondientes a los exmandatarios peruanos, reveló el último domingo Cuarto Poder.
La normativa vigente indica que Boluarte podría acceder a beneficios como un vehículo oficial para su uso personal, la contratación de un trabajador bajo la modalidad CAS con salario mensual de S/ 3,700, así como abastecimiento de 150 galones de gasolina mensual.
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Al respecto, el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió a la Comisión de Constitución que priorice su proyecto de ley que plantea eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes que hayan sido vacados.
“Espero que la Comisión de Constitución pueda debatir cuanto antes mi PL12733, que elimina la pensión vitalicia para presidentes vacados”, escribió en su cuenta de la red social “X”.
En su iniciativa, presentada el pasado jueves 9 de octubre, Muñante plantea incorporar el artículo 2-A a la Ley N° 26519, norma que establece pensión para los expresidentes de la república.
“No tienen derecho a la pensión vitalicia los expresidentes que hayan sido vacados por el Congreso de la República en atención a los supuestos previstos en el artículo 113 de la Constitución”, se lee en el texto.
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¿ES LEGAL QUE BOLUARTE RECIBA PENSIÓN VITALICIA?
Pese a que solo estuvo dos años y 10 meses en el poder y que fue destituida por incapacidad moral, la ley no impide que Boluarte cobre su pensión y los beneficios mencionados.
“A ella le correspondería percibir una pensión, tener derecho a personal de seguridad del Estado, son dos personas las que tendrían que salvaguardar su integridad. Adicionalmente a un asesor, un vehículo también y por supuesto, mantener el acceso al seguro de salud privado que mantuvo durante el periodo en que estuvo como presidente. Todo eso de por vida”, indicó Martín Cabrera Marchán, especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, a Cuarto Poder.
Añadió que la entrega de estos beneficios se suspendería o restringiría en caso sea aprobada una acusación constitucional contra la exmandataria.
“Si la hubiera, se entiende, porque así lo dice la ley que la propia expresidenta ha citado, que se suspendería hasta que la sentencia se emita”, acotó.
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