Alberto Fujimori: Corte IDH da más tiempo al gobierno para entregar informe sobre indulto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) aceptó la solicitud del gobierno peruano para ampliar el plazo de entrega de informe sobre la liberación de Alberto Fujimori. Según precisó la institución, el Estado peruano tiene hasta el 2 de abril para remitir el documento sobre lo sucedido con el exmandatario luego de recibir el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski.

Solicitud de ampliación para caso Fujimori

El 1 de marzo, el gobierno peruano solicitó una prórroga de cinco semanas para presentar el informe sobre Alberto Fujimori, con respecto a la “supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en el caos de las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta”.

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En el mes de abril, el Gobierno se vio obligado a comparecer ante la Corte IDH para justificar el indulto otorgado a Alberto Fujimori, según lo mencionado por Gustavo Adrianzén, el representante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y hoy primer ministro.

“La primera semana de marzo entregaremos nuestra respuesta. El trabajo se está realizando a través del Ministerio de Justicia, en conjunto con la Cancillería. Confiamos en que nuestra explicación sea lo suficientemente firme para que la Corte comprenda las razones del Tribunal Constitucional (TC) y la postura del Estado peruano, esperando que ello sea satisfactorio”, indicó.

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Indulto a Alberto Fujimori

Como se recuerda, el indulto de Alberto Fujimori fue anulado en el 2022 tras identificarse graves irregularidades luego de pronunciamiento en contra de la Corte IDH. Posterior a ello, el proceso tuvo idas y venidas judiciales para que fuera efectivamente ejecutado.

Finalmente, el miércoles 6 de diciembre del 2023, Alberto Fujimori salió en libertad, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su inmediata excarcelación del penal de Barbadillo.

Ante ello, la Corte IDH se pronunció a la negativa de esta decisión, porque Ricardo Pérez Manrique, presidente de la institución, esperaba “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos que fueron asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori y por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión.