En abril, la defensa de Alberto Fujimori presentó una solicitud para que el expresidente de la República reciba una pensión vitalicia de S/ 15,600. El jueves, se dio a conocer que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso aprobó el pedido.
Cabe precisar que el país cuenta con la Ley N° 26519 que establece una pensión vitalicia para los expresidentes que no se encuentren acusados constitucionalmente y, de haberlo sido, que haya una sentencia en la que se le declare inocente. La pensión que recibirá es equivalente al sueldo de un legislador, es decir, de S/ 15,600 de por vida.
“El señor, al día de hoy, no tiene acusaciones en su contra. Fue vacado hace más de 24 años, por lo cual tiene derecho a exigir una pensión por el tiempo transcurrido. La lectura incorrecta es que suspender equivale a eliminar, pero no es así”, expresó Elio Riera, defensa del expresidente.
Sin embargo, este no sería el único beneficio que gozaría Alberto Fujimori. Actualmente, el exmandatario dispone de vales de combustible equivalentes a 150 galones de gasolina mensual. Además, el Parlamento aprobó la contratación de Óscar Paredes bajo la modalidad CAS, para que sirva como su asistente, cuyo salario asciende a S/ 3,685.
La decisión del Congreso de otorgar la pensión vitalicia a Alberto Fujimori ha generado rechazo en un sector de la población. Juan Carlos Lara, abogado especialista en comunicación política, informa que “el 91% de peruanos está insatisfecho con la democracia porque las autoridades que nos representan demuestran impunidad, alejamiento al respeto al Estado de derecho y utiliza las instituciones del Estado para su beneficio”.
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¿A Alberto Fujimori le corresponde recibir una pensión vitalicia?
Para Juan Carlos Lara, a Alberto Fujimori no le corresponde recibir una pensión vitalicia porque “la Fiscalía y diferentes congresistas presentaron acciones constitucionales en su contra y terminaron con sentencias condenatorias; en ninguna de ellas fue declarado inocente. Actualmente, Fujimori tiene cinco sentencias condenatorias por usurpación de funciones, corrupción, peculado y por la Comisión de delitos de lesa humanidad, que fue por el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Claramente, no cumple con las condiciones establecidas en esta Ley”.
Por su parte, José Alejandro Godoy, politólogo, agrega que “Fujimori pierde la pensión porque no solo fue acusado, sino también condenado. La pensión vitalicia es un beneficio al cual no tiene derecho porque cuando indultan a una persona, la persona ya no cumple la pena, pero no elimina la condena ni las consecuencias jurídicas de la misma”.
Según el profesional, el documento emitido por el Departamento de Recursos Humanos del Congreso no es una resolución con causa de derecho porque “está saltándose varias normas y está olvidando que cuando se otorga el indulto, no es una redención de pena, ni elimina la pena, ni la sanción, ni la condición de condena”.
En cuanto al pago de la reparación civil, Alberto Fujimori no ha depositado ni un sol de los S/ 57 millones, por lo que hay la posibilidad de que las víctimas de los casos de violación de los Derechos Humanos, soliciten la incautación del dinero de la pensión vitalicia.
Sin embargo, Lara considera que es “completamente contradictorio”: “¿cómo es posible que Fujimori adeude al Estado y aun así el Estado le pague una pensión?”, cuestiona.
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¿Qué acciones se pueden tomar para observar la solicitud?
Hay dos posibilidades. Juan Carlos Lara considera que la Mesa Directiva actual podría llamar a una reunión para revisar y decidir sobre el tema; incuso, si ellos consideran que se requiere un aval por el resto del Parlamento, se podría someter a votación dentro del Pleno del Congreso, pero recalca que es una decisión que le corresponde a la Mesa Directiva.
Para José Alejandro Godoy, hay congresistas que están buscando ejecutar una reunión con la actual Mesa Directiva y que, probablemente, “esa presión dentro del Congreso pueda generar un retroceso”.
“El tema es que nadie quiere hacerse responsable de una decisión que tiene un problema legal bastante complicado. Les es más fácil culpar a Alejandro Soto, anterior presidente del Congreso o Haidy Figueroa, la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso”, subraya.
Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
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