El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley Nº565/2021-CR que impone plazos rígidos al procedimiento de colaboración eficaz y, con ello, pone en peligro su eficacia y utilidad para la persecución del delito.
La decisión se adoptó con 84 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones.
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Tras conocerse esta noticia, empezaron a surgir las críticas. La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que esta ley afecta directamente a más de 50 procesos de colaboración eficaz en el marco del caso Lava Jato.
“Son poco más de cincuenta, 54 (procesos) que estamos en trámite. Y que, como la propia norma establece que debe entrar en vigencia al día siguiente de publicado; entonces va a afectar, va a impactar de manera directa, a los procesos que están en trámite”, alertó en diálogo con RPP.
A juicio de la abogada del Estado, esta norma, tal como está planteada, no es útil para la lucha contra la corrupción en el país.
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“Definitivamente, ataca directamente al instituto de la colaboración eficaz. El principal cambio que trae esta ley es el asunto del plazo corto que ha impuesto para los procesos de colaboración eficaz, que ahora durará 8 meses, como máximo; pero este plazo está de espaldas a cómo se viene aplicando los plazos en el proceso de colaboración eficaz, actualmente. De espaldas a la realidad”, cuestionó.
Carrión también criticó que la ley tampoco hace una diferencia respecto a las colaboraciones eficaces de personas naturales y de personas jurídicas, algo que es importante.
“Desde el 2018, ya hay una legislación especial sobre colaboraciones de empresas y que no se hace ninguna mención a la ley. Definitivamente, en un plazo de ocho meses, no se va a poder cerrar una colaboración corporativa, de ninguna manera”, enfatizó.
En la víspera, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que observe dicha propuesta.
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