Adrianzén: CIDH no establece ningún tipo de responsabilidad en ningún funcionario del Estado

Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ayer, en conferencia de prensa, su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.

Al respecto, el representante permanente del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, recalcó que dicho documento no establece ningún tipo de responsabilidad en ningún funcionario del Estado.

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“En el informe presentado por la CIDH no se establece ningún tipo de responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa en ningún funcionario del Estado. Esto es algo muy importante, porque este informe tampoco podría decirlo”, señaló a TV Perú.

En ese sentido, remarcó que el propio organismo internacional ha establecido en su informe que se trata de “casos concretos” las muertes y responsabilidades por las protestas en el Perú. De esta manera, según dijo, se descartaría que haya existido una política generalizada de violación de derechos humanos, tal como se sostiene en la prensa.

“La propia CIDH sostiene que se trata de casos concretos, de casos puntuales, lo que descarta de manera definitiva que alguien pueda sostener que estamos frente a una política generalizada de violación de derechos humanos (...) si ha habido excesos, yo seré el primero en apoyar investigaciones céleres para determinar a los responsables”, agregó.

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No es concluyente

En otro momento, Adrianzén recalcó que el documento publicado por la CIDH no podría ser concluyente debido a su propia naturaleza. Por esta razón, según dijo, no se puede afirmar de manera categórica que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales.

“Por eso, la CIDH, en ambos casos, nos dice ‘hechos que deberían investigarse’. Luego encarga al Perú que estos hechos deberían investigarse por organismos independientes, autónomos, de manera célere y respetando el debido proceso. En esta tarea, nos encontramos”, apuntó.

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El funcionario también explicó que el término “masacre”, utilizado por la CIDH en su informe, no tiene la misma connotación que la frase conocida en el país.

“Cuando en el Perú escuchamos el término masacre, inmediatamente la memoria colectiva nos lleva a los años 80, cuando Sendero Luminoso arrasaba pueblos enteros en la sierra peruana (…) sin embargo, el término masacre en la comunidad internacional, en estos informes, aluden a sucesos en los que más de dos personas hayan fallecido”, acotó.

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