A través de un comunicado, la institución consideró que las personas operadoras de justicia, en referencia a los magistrados de la JNJ, son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos.
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En ese sentido, consideraron que todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.
“La Comisión considera que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, advierten en el texto.
Al respecto, el representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, consideró que este comunicado contiene “algunas imprecisiones”.
“Publicaron este comunicado en el que, en realidad, hay algunas imprecisiones que nosotros estamos destacando. Esto de la investigación, yo creo que nadie niega que se pueda realizar por el Congreso. Lo que todos exigen es que se respete el debido proceso y que hayan garantías para que (los investigados) puedan ejercer su derecho a la defensa”, indicó a RPP.
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Adrianzén cuestionó el hecho que la CIDH enviara a su despacho el proyecto de comunicado y que apenas les otorgaron tres horas de plazo para emitir una respuesta.
“No dejamos de sorprendernos cuando de la noche a la mañana nos envían un proyecto de comunicado y nos dan solamente tres horas; y de ellas dos, para decir lo que tengamos que decir”, apuntó.
El diplomático agregó en representación del Estado peruano pidieron tres días para emitir un descargo; no obstante, solo recibieron un plazo de 24 horas; por lo que calificó de “inverosímil” la prórroga dada por el organismo internacional.
“Es inverosímil que a un Estado le den tres horas para que responda un comunicado que, prácticamente, a uno lo sorprende. Hay varios sectores e instituciones concernidas en esta respuesta. Pudimos dar una primera respuesta preliminar en la que pedimos ampliar el plazo para dar una respuesta detallada”, criticó, tras precisar que la respuesta del Perú es “bastante detallada” y que debería “ser suficiente” para que la CIDH zanje el tema.
Finalmente, Adrianzén indicó que el Estado peruano ha pedido, a nivel interno, que se respete el debido proceso en la indagación y que los miembros de la JNJ puedan ejercer el derecho a la defensa.
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