Esta tarde se instaló oficialmente la Comisión de Ética parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2025 -2026 y eligió como su presidente al legislador de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, quien también lidera la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Esto, a pesar de que el congresista afronta una denuncia constitucional del Ministerio Público por su presunta pertenencia al grupo denominado ‘Los Niños’.
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Tras conocerse esta noticia, el partido de la lampa emitió un comunicado en el que rechazó esta designación.
“Consideramos que esta responsabilidad debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos, para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido”, se lee en el texto,
Además, advirtieron que esta decisión no ha sido consultada por con el partido, por lo que responde a una decisión únicamente de los miembros de la bancada parlamentaria.
“En la línea de lo expresado por el presidente del partido, Julio Chávez, nuestra organización política ha marcado distancia de las acciones y decisiones de la bancada, mientras no se concrete la separación definitiva de Raúl Doroteo”, se precisa en el comunicado.
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CRITICA PRESENTACIÓN DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA
Durante su intervención al asumir el cargo, Vergara aseguró que su designación no responde a una aspiración personal, sino a un mandato de sus colegas congresistas.
Según dijo, buscará implementar una mesa de partes virtual para que los ciudadanos de todo el país puedan presentar denuncias ante la Comisión de Ética sin trabas geográficas ni burocráticas.
En ese sentido, aseguró que la investigación debe primar sobre la denuncia que se pueda presentar en contra de un legislador.
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“La denuncia es importante, pero más importante aún es la investigación”, dijo, tras precisar que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso mediante decisiones meticulosas y ajustadas a la legalidad.
Respecto a la investigación en su contra por el caso ‘Los Niños’, Vergara remarcó que no existe un nuevo proceso en curso, sino una reiteración de elementos ya conocidos.
Agregó que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía repite información presentada en una acusación anterior que ya fue archivada, y que el caso aún debe ser debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
También cuestionó el accionar del Ministerio Público, al señalar que sus actuaciones van en contra de órdenes judiciales previas y que el caso no cumple con los requisitos legales para ser calificado como organización criminal.
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