Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se refirió a la investigación en curso contra su cliente relacionada con el caso Obrainsa. Como se recuerda, a su patrocinado se le imputan varios delitos, incluyendo colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo propio.
El letrado señaló que no existen pruebas necesarias para vincular al funcionario con esta empresa, menos de que existe dinero que se haya transferido.
“Estamos esperando que la sala penal permanente nos notifique su resolución, lo que hemos visto que está publicada en el portal, pero no nos ha llegado formalmente en ese momento procederemos a colocar una acción de amparo”, indicó para Canal N.
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“Este caso es muy curioso porque los empresarios de Obrainsa dice que le dieron dinero al señor Oscorima para que realice un proceso de selección y de una licitación que de él no dependía el control porque eso estaba en manos de un organismo internacional y la prueba que dan es que hubo un retiro de dinero a favor de uno de los empresarios. No existe ningún dato que corrobore la entrega del dinero, lo que hay es solo un dicho”, agregó.
Por otro lado, sostuvo que es importante corroborar todo lo dicho por el colaborador eficaz antes de iniciar un proceso.
“El punto es que se tiene que corroborar lo que el colaborador eficaz dice. Él deberá presentar toda la documentación sobre lo que menciona”, mencionó.
Como se sabe, el Ministerio Público ha solicitado el embargo de bienes muebles e inmuebles por un valor de 46 millones de soles para asegurar el pago de la reparación civil.
Recurso de amparo
Humberto Abanto sostuvo que planea presentar un recurso contra estas acusaciones, argumentando que no hay pruebas que respalden las declaraciones de los colaboradores eficaces.
Abanto explicó que están esperando la notificación formal de la resolución por parte de la Sala Penal Permanente. Aunque la resolución ya se ha publicado en el portal, aún no la han recibido oficialmente.
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Indica que los bienes fueron exhibidos voluntariamente y que no hay bases objetivas para presumir que serían ocultados. Además, critica la actuación del Ministerio Público, señalando que el proceder fue ilegal y cuestionando la urgencia alegada.
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