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Ayer, Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti y a los fiscales Pablo Sánchez, José Domingo Pérez, Rafael Vela (suspendido) y Zoraida Ávalos (inhabilitada), tras ser involucrados en la declaración testimonial que ofreció el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, en el marco de su proceso de colaboración eficaz.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la representante legal de dicha agrupación, Liliana Takayama. El documento fue ingresado a mesa de partes de dicha institución el pasado 20 de febrero.
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A estas cinco personas se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias y otros.
Al respecto, el abogado de Gorriti, Carlos Rivera, calificó de “disparate” dicha denuncia y advirtió que tiene como propósito ensuciar el inicio del juicio oral que afrontará la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cocteles.
“La denuncia es un disparate que no va a tener mayor prosperidad en el sistema de justicia (...) el revuelo que se organiza alrededor de una noticia de esta naturaleza (denuncia penal de Fuerza Popular) busca ensuciar la posibilidad del inicio de juicio oral de Keiko Fujimori, este 1 de julio″, señaló a radio Exitosa.
En ese sentido, consideró que la denuncia tiene un claro objetivo político y que no tendría ninguna relevancia penal en contra de su patrocinado.
“No aporta ninguna prueba, ninguna evidencia y pretende ir más allá del contenido de las declaraciones del propio (Jaime) Villanueva; es decir, inventa hechos y falsea la realidad”, sostuvo.
A juicio de Rivera, el partido que lidera Keiko Fujimori pretende demostrar que “los periodistas” y “los fiscales” que revelaron información acerca del caso Lava Jato han cometido ilicitudes de igual o mayor magnitud que dicha agrupación y sus integrantes, lo cual es falso.
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Piden que sean suspendidos preventivamente
En paralelo, Takayama envió un oficio al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, a fin de que disponga una medida cautelar de suspensión preventiva inmediata contra Sánchez, Pérez y Vela. Este último actualmente se encuentra suspendido por el plazo de 8 meses y 15 días por una supuesta infracción administrativa muy grave.
En el texto se pide que ambos fiscales sean suspendidos por la presunta comisión de “faltas disciplinarias graves que son materia de investigación abierta” por la JNJ.
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