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La medida también incluye al exesposo de Goray, Luis Mesones Odar, el expresidente del Fondo Mivivienda, Pedro Arroyo, y el exintegrante del Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda y exsuperintendente nacional de Bienes Estatales, Roger Gavidia Johanson.
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Al respecto, el abogado de Fernandini, Gino Dagnino, calificó de exagerado el requerimiento fiscal en contra de su cliente al señalar que este viene colaborando con las investigaciones.
En diálogo con Radio Nacional, el defensor dijo que el comportamiento del periodista no ha cambiado y ha tratado de acogerse a la confesión sincera apenas se le incluyó en la investigación preliminar.
“Realmente quiero leer el escrito, saber los fundamentos y luego hacer mi defensa. Mi opinión es que es un poco exagerada la medida porque, desde el primer momento en que Mauricio (Fernandini) toma conocimiento de la investigación y se le incluye en el proceso, él ha estado siempre yendo a la fiscalía a colaborar”, aseveró.
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A juicio de Dagnino, su cliente no tenía conocimiento de la trama de corrupción que habría orquestado Sada Goray en el Fondo Mivivienda, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Sencico, Registros Públicos y otras instituciones.
Goray declaró ante la Fiscalía que Fernandini recibió un “bono de éxito” de US$ 80,000 por haber ejercido de intermediario entre ella y el Ministerio de Vivienda.
En su declaración, el periodista no dijo nada sobre este dinero que recibió de manos de la empresaria. Solo informó que Goray y su prima, Pilar Tijero, acordaron pagarle S/10,000 mensuales por seis meses de alquiler de su departamento en San Isidro.
En diciembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Fernandini ejecutó un depósito en efectivo de US$ 80,000 a su cuenta en dólares en el banco BBVA. También solicitó un préstamo hipotecario de US$ 80 mil dólares, a un plazo de 10 años, con el que compró un departamento de US$ 160,000.
La otra mitad la pagó con un cheque de gerencia por US$ 80,000, que emitió el mismo día del depósito.
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