
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, afirmó que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no constituye un beneficio particular para la actual mandataria, sino una medida destinada a reforzar la gobernabilidad en adelante.
“Esta sentencia a quien menos beneficia es a la presidenta Boluarte porque ya sufrió todo lo que en este momento el Tribunal ha dicho que ya no va a ocurrir”, declaró en entrevista con Canal N.
Como se sabe, el TC declaró fundada la demanda competencial presentada por el Gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en consecuencia, ordenó que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato; es decir, hasta después del 28 de julio del 2026.
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Según el defensor, la decisión del TC “es un aporte a la democracia que restablece una situación que ciertamente había sido interrumpida”, al poner fin a la práctica de abrir investigaciones preliminares contra un presidente ante cualquier denuncia. “El que le vaya bien o mal al presidente no debe depender de la voz política sino de cómo desarrolla su actividad como presidente”, añadió.
Campos señaló que en los últimos años cualquier denuncia presentada ante el Ministerio Público se convertía automáticamente en una investigación, lo que ocasionaba distracciones permanentes al jefe de Estado. En esa línea, precisó que el fallo del Tribunal Constitucional no tiene como eje central a Boluarte, sino la necesidad de reforzar la estabilidad institucional.

“Va a ser claramente una sentencia que va a provocar situaciones hacia adelante. Donde el nuevo presidente, quien fuere, va a tener la protección constitucional que permite tranquilidad y gobernabilidad”, explicó.
El abogado rechazó que el fallo favorezca la impunidad. “Todos los expresidentes han sido investigados y procesados bajo la regla que el Tribunal está restableciendo: Toledo, Fujimori, García —que tristemente se quitó la vida—, Ollanta Humala. Todos han sido procesados. De tal manera que es mentira que esta sentencia contribuye a la impunidad”, remarcó.
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Campos mencionó también sobre el impacto negativo de las denuncias reiteradas contra un jefe de Estado. Explicó que cada acusación genera un desgaste público que debilita su legitimidad y lo deja sin respaldo político, además de incentivar conductas temerosas en el ejercicio del cargo. Por ello, subrayó que garantizar un espacio de tranquilidad para que el presidente pueda gobernar sin presiones constantes resulta esencial para la vida política del país.