Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, negó que hayan accedido a preguntas de Patricia Benavides por caso “muertes en protestas”. (Foto: Presidencia)
Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, negó que hayan accedido a preguntas de Patricia Benavides por caso “muertes en protestas”. (Foto: Presidencia)

Según un testigo, la jefa de Estado, habría accedido a las preguntas previas que la exfiscal  le iba a realizar con motivo las diligencias en el marco del caso de las muertes en las protestas que se realizaron a inicios del 2023 en contra de su gobierno, reveló el domingo Cuarto Poder. Al respecto se pronunció su abogado Joseph Campos.

La defensa de la mandataria, Joseph Campos, negó cualquier ‘pacto’ o ‘alianza’ con la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras indicar que el proceso de defensa se desarrolló como un ejercicio profesional estándar, desligándose de cualquier conocimiento o participación en posibles preparaciones irregulares de su cliente.

Además, hizo hincapié en que su labor se centra únicamente en acusaciones directas a la presidenta por las muertes durante las protestas y no en otros temas como investigaciones sobre joyas.

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Se debe investigar caso por caso

En esa línea, campos resaltó en Canal N que la forma de investigar acciones durante las protestas es cuestionable y subrayó la importancia de analizar el uso de la fuerza en cada situación particular antes de involucrar directamente a la presidenta.

“El problema no es nuestro lado, el Ministerio Público no entiende o nunca entendió que esta investigación no debería existir. Debería primero investigarse caso por caso y determinar si hubo un exceso. Acá se ha ido directamente a la presidenta de la República”, sostuvo.

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“Yo no debo manejarme por la cultura de sospecha. No he recibido el pliego ( de preguntas) y segundo, la presidenta no ha estado en un pacto o alianza con Patricia Benavides”, agregó.

La defensa se prepara ahora para presentar un informe oral al fiscal de la Nación, solicitando el cierre de la investigación por considerarla inconstitucional y perjudicial para la democracia y la administración efectiva del país.

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