El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.
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Al respecto, el abogado en materia penal de Boluarte, Luis Vivanco, dijo no conocer el paradero de su patrocinado. En diálogo con RPP, adelantó que este no acatará la decisión adoptada por Concepción Carhuancho al considerar que es “absolutamente arbitraria” y con “tintes políticos”.
“Yo entiendo que no se va a someter a esta decisión porque considera que es absolutamente arbitraria. En ese contexto, no la va a aceptar”, acotó.
A su juicio, a Boluarte no se le podría calificar de “prófugo de la justicia” debido a que la resolución judicial emitida en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ será apelada y revisada en una segunda instancia.
“También diría que hay que tomar con calma el término de prófugo. Es correcto a la luz pues del significado que tiene: quien rehúye a la justicia es un prófugo, está en el diccionario, no lo digo yo. En este caso, yo sí preferiría esperar ese calificativo a que la decisión sea firme. Esta decisión no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada”, acotó.
No obstante, a título personal consideró que el hermano de la jefa de Estado “tendría que ponerse a derecho”, al recordar los casos de otras personas, como Fray Vásquez Castillo, quien decidió pasar a la clandestinidad, pero al final terminó siendo apresado.
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“Si me preguntan una opinión general, sin personalizar el tema, creo que (Nicanor Boluarte) tendría que ponerse a derecho. A lo largo de la experiencia jurídica, las personas que se sustraen siempre terminan siendo detenidas y no pasan por un proceso fácil”, acotó.
Alista recurso ante la Corte Suprema
En otro momento, Vivanco adelantó que si el Poder Judicial rechaza el recurso de apelación que presentarán para conseguir que se revoque la prisión preventiva dictada en contra de Boluarte, optará por otras vías legales.
“Se podría plantear una casación a la Corte Suprema para que, de manera excepcional, se revise algún vicio en la resolución. En la decisión hay varios que no se han valorado. Se han validado dichos que no han estado corroborados, se han disminuido los arraigos de mi patrocinado cuando no es así, yo documenté sus actividades profesionales desde el 2020″, remarcó.
“La regla indica que el juez aplica la ley más favorable al reo, ya sea de manera retroactiva o ultraactiva, sea una ley anterior o una nueva, siempre se aplica la más favorable al reo. El control difuso tiene sentido cuando se aplica una norma que impide que se pueda aplicar la Constitución, cuando hay una colisión frontal con la constitución y eso no sucede en este caso”, criticó.
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