La investigación por las muertes acontecidas en las protestas en contra de su Gobierno sigue siendo una piedra en el zapato para la presidenta Dina Boluarte, quien insiste en que no se le puede responsabilizar por estos lamentables sucesos.
Ayer se conoció que un grupo de 16 políticos, diplomáticos y abogados, entre ellos, la expremier Mirtha Vásquez, los exministros Marisol Pérez-Tello y Diego García Sayán y la excongresista Flor Huilca, presentaron una segunda denuncia en su contra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, institución con sede en La Haya y regida por el Estatuto de Roma, por estos hechos.
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A través de su cuenta de la red social “X”, Vásquez explicó que la demanda es por el asesinato de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos producto de las protestas registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
Al respecto, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, remarcó que solo tienen competencia para presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional los países miembros de este organismo, más no las personas naturales, jurídicas y ONG, por lo que consideró que el pedido en mención resulta “inviable”.
Recordó que ya en el pasado otros textos han sido enviados con la misma solicitud, pero no han tenido éxito alguno. Según dijo, el documento enviado es apenas un pedido ante el fiscal de dicha entidad, por lo que no puede ser calificado como una una denuncia.
“Ninguna persona natural, jurídica o ONG pueden poner denuncias ante la Corte Penal Internacional, sino estados, el Consejo de Seguridad (...) no es una denuncia porque eso es un acto que inicia una investigación y que este tipo de situaciones no es la primera vez”, señaló a RPP.
A su juicio, lo que hicieron los firmantes con ese documento es pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional que revise el caso de las muertes durante las protestas y ver la posibilidad de que esto se convierta en una denuncia formal contra la jefa de Estado.
Además, cuestionó que algunos diplomáticos, como el exembajador Harold Forsyth, hayan firmado la carta sabiendo de cómo es el proceso.
“¿Cuál es la consecuencia que se quiere? que Dina Boluarte sea denunciada ante la Corte Penal Internacional y eso no es así. Me extraña que haya gente que tiene un reconocimiento en el mundo del derecho y hay diplomáticos que usan la palabra denuncia en el comunicado, pese a que ellos saben que las denuncias están reservadas estatutariamente a determinados personajes”, cuestionó.
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Comisión de Alto Nivel irá a La Haya
Esta es la segunda denuncia presentada contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional. A fines de junio pasado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) la denunciaron ante dicho organismo internacional por los 49 ciudadanos que murieron durante las protestas
Tras conocerse la presentación de la primera denuncia, el premier Gustavo Adrianzén descartó cualquier posibilidad de que esto vaya a prosperar; sin embargo, anunció que formarán una Comisión de Alto Nivel para que acuda a La Haya para hacer llegar la posición del estado peruano ante el tribunal de justicia internacional.
“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve término, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes del alto tribunal a efectos de hacer llegar preliminarmente la posición del Estado peruano frente a estos hechos”, indicó en junio pasado.
El titular de la PCM consideró que la denuncia en mención no cumple con los requisitos necesarios para ser admitida. Mencionó, como ejemplo, que, de acuerdo al Estatuto de Roma, lesa humanidad significa: asesinato, exterminio, excarcelación, tortura, violación sexual, entre otros graves hechos, pero que estas figuras delictivas están relacionadas fundamentalmente a que dichos actos sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, algo que, a su juicio, no ha ocurrido en las protestas en el Perú.
“Esta sola condición no se ha presentado y en consecuencia, en opinión del que habla, esto descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la Corte Penal Internacional”, dijo en su momento.
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