El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, cuestionó duramente el accionar del Ministerio Público respecto a las investigaciones y denuncias constitucionales contra la mandataria. Campos denunció una presunta politización de la justicia y aseguró que las acusaciones responden a intereses ajenos al rigor jurídico.
Precisó que actualmente existen tres denuncias constitucionales contra Boluarte, todas relacionadas con los hechos ocurridos durante las protestas sociales de fines de 2022 y principios de 2023.
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La primera fue impulsada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un contexto que —según el abogado— “respondía a una represalia política” contra el Ejecutivo. La segunda fue dirigida por el fiscal Marco Villena, quien inicialmente incluyó el delito de genocidio, aunque este fue luego archivado. La tercera denuncia proviene de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien se centra en homicidio calificado, simple y lesiones graves.
“El genocidio quedó descartado, pero recién tras 18 meses de investigación el Ministerio Público se dio cuenta de que no correspondía el tipo penal. Nunca fue genocidio”, enfatizó Campos en RPP.
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El abogado sostiene que las recientes acciones del Ministerio Público buscan presionar al Tribunal Constitucional, el cual tiene pendiente resolver una demanda de competencia presentada por el gobierno contra el Poder Judicial y la propia Fiscalía.
Esta demanda busca definir si se puede o no investigar a un presidente en funciones por delitos no incluidos en el artículo 117 de la Constitución, que establece causales muy específicas para la acusación de un mandatario.
“La Presidenta ya está de salida. Esto no es solo sobre Dina Boluarte. Es un precedente que afectará al próximo presidente, quien podría enfrentar el mismo acoso judicial durante su mandato”, advirtió Campos.
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Uso de la fuerza y protesta social
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la defensa del uso de armas por parte de las fuerzas del orden. Campos aseguró que la violencia registrada durante las protestas deslegitima cualquier carácter de protesta pacífica y respalda legalmente el accionar policial y militar.
“No puedes mandar al martirio a un policía. La ley faculta el uso del arma en función de las circunstancias. Cuando hay violencia, no se puede hablar de protesta constitucional”, afirmó.
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Campos acusa al Ministerio Público de utilizar “argumentos infames” y actuar con parcialidad. Señala que mientras a algunos políticos se les investiga con rigor, a otros se les protege. “Se está haciendo capital político a costa de otro político”, lamentó.
Finalmente, el abogado adelantó que presentarán ante el Tribunal Constitucional un documento que demuestra que la investigación ya tiene más de dos años y recién se ha formalizado una denuncia. Según Campos, esta demora y falta de sustento muestra una intención de mantener la presión sobre el Ejecutivo, más que una búsqueda de justicia.
“La Constitución no quiere este tipo de investigaciones abiertas contra el Presidente en funciones. No hay plazos razonables ni base legal sólida. Esta forma de investigar destruye la política”, sentenció.
