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La fiscal suprema Delia Espinoza, quien recientemente se reincorporó al Ministerio Público, dirigirá la investigación contra los altos funcionarios que estuvieran involucrados en la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Así lo dispone una Resolución de la Fiscalía de la Nación, publicada el último fin de semana en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Tras conocerse esta noticia, el abogado de Benavides, Juan Peña, adelantó que presentará una denuncia contra el Ministerio Público por no entregarle la carpeta fiscal para conocer los cargos que se le imputan a su patrocinada.
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“Por una resolución del diario El Peruano tomamos conocimiento de que la doctora Delia Espinoza tiene una investigación en contra de la doctora (Patricia) Benavides, ante lo cual presentamos un escrito de apersonamiento para hoy día tomar lectura de la carpeta y saber los cargos que se le imputan”, dijo a RPP.
El abogado cuestionó que desde la Fiscalía se resistan a entregarle dicha información para proceder a armar la defensa de Benavides.
“Sin embargo, nos han dicho que no podemos tomar acceso a la carpeta fiscal porque recién van a proveer los escritos de apersonamiento, lo cual contradice lo que dice el artículo 70 del Código Procesal Penal, que los investigados o imputados tienen derecho fundamental a tomar acceso a la información de los cargos que se le imputan”, apuntó.
Añadió que interpondrá una serie de recursos y acciones, entre ellas, una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, así como una tutela de derechos ante la Corte Suprema.
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La tesis fiscal sobre la presunta organización criminal
La tesis fiscal advierte suficientes indicios que hacen presumir la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público y que habría sido liderada por la propia Benavides.
Benavides y sus exasesores, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas frente a la remoción de los integrantes de la JNJ, la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
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