Betssy Chávez, asilada desde junio en la residencia de la Embajada de México en Lima, afronta un proceso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Betssy Chávez, asilada desde junio en la residencia de la Embajada de México en Lima, afronta un proceso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

El programó para este jueves 13 de noviembre la audiencia en la que se evaluará si se vuelve a dictar , dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el exmandatario Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La sesión, que se desarrollará de manera virtual a partir de las 9 de la mañana, estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien analizará el el pasado 5 de noviembre.

La magistrada solicitó que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones impuesto a Chávez Chino y que vuelva a cumplir prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

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Durante la diligencia, el juez escuchará también los argumentos de la defensa legal de la ex jefa del Gabinete Ministerial, antes de emitir una decisión sobre la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Poder Judicial evaluará si vuelve a dictarse prisión preventiva en contra de Betssy Chávez. Foto: GEC.
El Poder Judicial evaluará si vuelve a dictarse prisión preventiva en contra de Betssy Chávez. Foto: GEC.

El pedido fiscal se sustenta en que Chávez habría incumplido las reglas de conducta fijadas por el Poder Judicial, al no acudir a tres controles biométricos obligatorios (los días 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre), además de ausentarse en cuatro sesiones del juicio oral que comparte con el expresidente Castillo y otros exfuncionarios.

Tras obtener su libertad mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, quedó sujeta a un régimen de comparecencia con restricciones, que incluía la obligación de no ausentarse de Lima sin autorización judicial, acudir periódicamente al control biométrico y presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando fuera requerida.

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La Fiscalía Suprema ha solicitado 25 años de prisión para Chávez Chino, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos, al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.

Actualmente, , luego de que el Gobierno mexicano le otorgara asilo. La situación ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, dado que la ex primera ministra continúa siendo requerida por la justicia peruana en el marco del proceso penal que enfrenta.

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