El Poder Judicial se refirió a las amenazas expresadas a través de videos, en dónde unos encapuchados, denominados “Los Gallegos”, empuñan armas de fuego y anuncian cometer asesinatos. La institución señaló que estos actos serían propios de una organización criminal y las penas a sus miembros podrían alcanzar hasta la cadena perpetua.
Así lo afirmó la magistrada Rosario del Pilar Alata Espinoza, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
“Se han presentado como Los Gallegos, encapuchados, no identificados y con armas, y muestran que sería el brazo armado del Tren de Aragua y las acciones delictivas que van a realizar. Por lo tanto, no sería una simple amenaza, sino el accionar de la organización criminal”, sostuvo.
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Y al ser una organización criminal que opera en emporios comerciales como Gamarra del Distrito de La Victoria -refirió la jueza-, los delitos a los que estarían relacionados serían de extorsión, proxenetismo, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, sicariato, perturbación de la tranquilidad pública.
“Por organización criminal, la pena corresponde a quince años de cárcel, pero por concurso con tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y asesinato, extorsión, la sanción podría elevarse significativamente, hasta cadena perpetua”, refirió.
Explicó, así, que las amenazas mediante vídeos por parte de Los Gallegos solo fueron el de perturbación de la tranquilidad pública, un delito de menor complejidad de la referida organización criminal, que se sanciona con hasta diez años de cárcel, en su forma agravada, de acuerdo al 315-A del Código Penal.
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“Mediante estos vídeos, amenazan a las personas para que no realicen cierto tipo de actividades y todos estos actuares generan zozobra, buscan distracción, mientras cometen otros tipos de delitos, cuidando y ganando territorios para sus intereses”, indicó.
Finalmente, la magistrada Alata Espinoza indicó que ahora corresponde a la Policía y el Ministerio Público identificar a los integrantes de esa presunta organización criminal, investigarlos y recopilar los elementos de convicción necesarios para poder determinar la sentencia correspondiente por los delitos cometidos.
