El Poder Judicial admitió a trámite la demanda del Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que aprobó el Congreso dando nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar los recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben los organismos no gubernamentales (ONG).
La jueza Ana Osorio Sosa, titular del 6to Juzgado Constitucional de la Corte de Lima, programó para el 29 de setiembre, a las 10:00 horas, la audiencia virtual en la cual deberán participar las partes procesales vía Google Meet, de caso denominado ‘Ley anti ONG’.
Quienes la impulsaron la noma sostienen que fortalecerá el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
La congresista Auristela Obando, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente la humanitaria y la promoción del desarrollo sostenible, sin embargo, los vacíos legales encontrados en los actuales dispositivos que regulan la cooperación técnica internacional no reembolsable, no ayuda a que las organizaciones o entidades que las gestionan, sean transparentes y reciban una adecuada fiscalización.
“Por lo que resulta necesario modificar la legislación vigente, a fin de fortalecer los intereses del Estado vinculados con la transparencia y la fiscalización en el marco del principio de soberanía nacional. En tal sentido y con el propósito de reforzar la transparencia con un marco regulatorio semejante a los países de la OCDE, la Comisión propone en texto sustitutorio la modificación de diversos artículos de la Ley 27692 y otras normas conexas, para promover y asegurar la transparencia y fiscalización de las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional”, afirmó.
Durante su intervención en el debate, de marzo último, reveló que más del 85% de las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional, no inscriben ante la APCI sus proyectos, programas o actividades, pero “con la ley que se propone ahora, están obligados a hacerlo”.
Voces en contra
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su absoluto rechazo ante la aprobación por parte del Congreso de la modificatoria de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Manifestó que decisión tomada en el Parlamento, “respaldada por un gobierno cuestionado y deslegitimado”, impone un control indebido sobre la sociedad civil y atenta contra la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.
“Esta reforma no busca transparencia, pues las organizaciones que promovemos los derechos humanos ya rendimos cuentas ante APCI y otras entidades de supervisión. Su verdadero objetivo es acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”, sostuvo.
La jueza Ana Osorio Sosa, titular del 6to Juzgado Constitucional de la Corte de Lima, programó para el 29 de setiembre la audiencia virtual, de caso denominado ‘Ley anti ONG’. (Foto: Congreso)
Añade que, con la norma, las ONG que trabajan en equidad de género, educación, salud, protección de la Amazonía, lucha contra la corrupción, entre otras, serán perseguidas.
“Se limita además la posibilidad de promover el voto informado y denunciar candidatos vinculados a economías ilegales. En otras palabras, se pretende silenciar a la sociedad civil y debilitar el control ciudadano”, agregó.
