El expresidente Pedro Castillo insiste en frenar el juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, mientras la Fiscalía pide 34 años de cárcel en su contra. Foto: Julio Reaño / @photo.gec.
El expresidente Pedro Castillo insiste en frenar el juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, mientras la Fiscalía pide 34 años de cárcel en su contra. Foto: Julio Reaño / @photo.gec.

El admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa del , con el que solicita anular el juicio oral que enfrenta por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La apelación fue interpuesta contra la resolución de la jueza constitucional de Lima, Ana Osorio, que el 25 de agosto declaró “improcedente” el habeas corpus presentado por Castillo.

En este recurso, el buscaba invalidar la decisión que programó el inicio del juicio oral el pasado 4 de marzo, así como la nulidad de lo actuado en la etapa de juzgamiento y el nombramiento de un nuevo colegiado supremo.

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El 1 de septiembre, Osorio resolvió “conceder con efecto suspensivo” la apelación, al verificar que cumplía con los requisitos del Código Procesal Constitucional, y remitió el caso a la Primera Sala Constitucional de Lima. Esta instancia deberá evaluar si lo admite y, de ser así, convocar a una audiencia virtual con las partes antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una condena de 34 años de cárcel e inhabilitación por tres años y medio contra Castillo, a quien acusa de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En su demanda, la defensa del exmandatario alegó vulneración de derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

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Sin embargo, la jueza Osorio consideró que no se acreditó, en ningún punto, una afectación a la libertad personal ni a la defensa de Castillo, señalando que su rechazo a un defensor público respondía a una estrategia legal para dilatar el proceso.

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