
La Defensoría del Pueblo informó que, en el mes de julio, en el país se registraron 267 acciones colectivas de protestas, el mayor número de lo uqe va del año 2025. En enero se registaron 202 mientras que en junio hubo 248. Así se dio a conocer a través del Reporte de Conflictos Sociales 257.
Las acciones colectivas de protesta, contemplan las marchas, plantones, conconcentraciones, bloqueos, paro de actividades, huelgas, enfrentamientos, entre otros.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales en el mes se registró 23 personas heridas (18 miembros de la PNP/ FFAA y cinco civiles) y un civil fallecido, en el marco de las protestas de mineros en proceso de formalización.

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Conflictos sociales alcanzan los 199
La Defensoría del Pueblo informó que, al mes de julio, el país acumuló un total de 199 conflictos sociales, de los cuales 150 tenían la condición de activos y 49 se encontraban como latentes.
Además, reveló que 89 de los conflictos activos se mantienen en fase de diálogo, 25 en desescalamiento, 21 en fase temprana y 15, en condición de escalamiento.
Otro dato importante que se revela en el reporte es que se registraron ocho conflictos nuevos en Áncash, Ayacucho, Junín, Lima Metropolitana y Tumbes.
En el caso de la capital, estos estuvieron vinculados a las protestas por la falta de medicinas en el hospital José Augusto Tello, en Chosica; y a las demandas de la Confederación Nacional de Mototaxis.
Asimismo, con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Puno (19) y Cusco (17).

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Tipología de los conflictos socioambientales
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con el 50.3 %.
Además, los conflictos vinculados a la minería representan el 30.2 % del total de conflictos sociales reportados.
De otro lado, se informó que, del total de casos en fase de diálogo, el 68.5 % corresponden a aspectos socioambientales. De ellos, dos corresponden a la región Tumbes y se refieren a las demandas de descontaminación del río Tumbes frente a la presencia de relaves mineros, así como al pedido de cambio de director del Hospital Regional II-2 JAMO.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su rol de prevención y gestión de conflictos sociales, continúa supervisando el cumplimiento de los compromisos que son asumidos en los diferentes procesos de diálogo, ya sea por parte de la población como de las instituciones públicas y sector privado.

Balance de conlictividad 2023 – 2025
La Defensoría del Pueblo también presentó el balance de los conflictos sociales reportados durante los primeros siete meses de 2025, en el que se acumularon 225 casos. Indicó que esta cifra fue menor a la reportada en el mismo periodo del 2024 (251) y del 2023 (239).
Para la institución, esta disminución refleja una leve tendencia a la baja, aunque todavía se mantiene un nivel elevado de conflictividad que requiere atención prioritaria.
Otro aspecto,son los conflictos resueltos, que llegaron a 11 en el 2025 debido a factores como el diálogo que impulsa la Defensoría del Pueblo. Los conflictos socioambientales continúan como los más frecuentes, aunque con una tendencia también decreciente. Además, regiones como Loreto, Puno, Cusco, Áncash y Apurímac concentran el 47.2 % de los conflictos del país.