En el primer semestre del 2024 tomó fuerza en el Congreso una iniciativa legislativa que busca acabar con las denominadas ‘llamadas spam’. No obstante, su aprobación ha quedado a medio camino.
Cabe recordar que el proyecto de ley prohíbe a las compañías realizar llamadas u otro tipo de comunicaciones a las personas, salvo que estos previamente se hayan contactado directamente con estas empresas, solicitando el envío de la información publicitaria.
La iniciativa legislativa fue aprobada por el pleno del Congreso en junio del 2024. No obstante, fue observada por el Ejecutivo, tras lo cual retornó a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde fue aprobada por insistencia en julio del 2024.
Se esperaba que en el segundo semestre del 2024 el pleno del Congreso ponga a debate y votación la insistencia del proyecto de ley, que de ser aprobado, sería promulgado directamente en Normas Legales, sin necesidad de volver a pasar a manos del Ejecutivo. No obstante, el dictamen -que reúne los proyectos de ley N° 2942/2022-CR, N° 3131/2022-CR, 3541/2022-CR- aún no ha sido agendado en el pleno del Congreso.
Al respecto, Wilson Soto (Acción Popular), quien fue presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor cuando el proyecto fue aprobado por insistencia en julio del 2024, señaló que desconoce los motivos de por qué transcurrido un semestre aún el dictamen no se debate en el pleno, pero hizo una invocación a que ello ocurra pronto.
“Le pido al presidente del Congreso que priorice el tema, que en la Junta de Portavoces algún vocero pida que se agende el proyecto. El actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor también puede enviar un oficio al presidente del parlamento. Espero que en esta legislatura se pueda aprobar la norma”, señaló a Gestión.
“Por la tranquilidad de los peruanos esta norma se debe aprobar. Miles siguen recibiendo llamadas molestosas, que no han autorizado, e insisten en más llamadas. Si la persona autoriza está bien que reciba la llamada, pero si no, se debe respetar”, subrayó Wilson Soto.
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Coincidió en el mismo pedido el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, quien criticó que en el pleno del Congreso se prioricen otros temas menos relevantes.
“Es increíble que no se preocupen por agendar este proyecto, mientras tanto el Perú es el segundo país que recibe más llamadas spam, solo superado por Brasil. Las personas ya tienen miedo de contestar su teléfono, ya no se contestan llamadas de números desconocidos, pues estamos saturados de las llamadas spam”, criticó.
Asimismo, sugirió estar atentos al debate y revisión del texto final del proyecto que se llegue a aprobar en el pleno, pues hay antecedentes de que se puedan dar cambios de último momento que cambien el objetivo de la norma. “Hay que revisar con lupa lo que se llegue a aprobar en el pleno, para cerciorarnos de que la nueva ley resuelva el problema de las llamadas spam”, remarcó Cáceres.
La observación del Gobierno a la ley anti ‘llamadas spam’
En su observación, el Ejecutivo argumentó que esta prohibición absoluta del primer contacto por iniciativa de la empresa no es coherente con la Ley de Protección de Datos Personales, que permite un primer contacto para obtener el consentimiento informado del titular de los datos y que esta incoherencia normativa podría dificultar la obtención del consentimiento necesario para futuras comunicaciones comerciales, limitando tanto a los anunciantes como a los consumidores.
En el sustento del dictamen, la Comisión de Defensa del Consumidor señala que si bien la medida restringe el derecho a la libre empresa, se busca proteger otros derechos constitucionales. Específicamente, el del artículo 2, numeral 22 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. La comisión subraya que ese derecho “es más intenso” que el de la libre empresa.
En esa línea, respecto a la coherencia normativa en materia de protección del consumidor, la Comisión de Defensa del Consumidor señaló que ello implica necesariamente la prevalencia de los intereses del consumidor y del derecho a su privacidad por encima de los intereses comerciales de los proveedores, “quienes además no están impedidos de realizar cualquier tipo de publicidad por medios masivos o redes sociales, pero no de manera invasiva enviando comunicaciones o llamados a los números telefónicos personales de las personas”, remarcó.
Por otro lado, el exviceministro de Economía, Enzo Defilippi, se mostró a favor del proyecto de ley y cuestionó la posición del Gobierno. “Para la presidenta Boluarte las empresas tienen derecho a molestar a todos los peruanos porque unos cuantos pueden estar interesados en lo que venden”, señaló en una columna de opinión publicada en Gestión.
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Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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