La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene otros planes para el penal Barbadillo, conocido como la cárcel presidencial, y es que se convertirá en el corto plazo en el Centro Penitenciario Policial para aquellos agentes que cometan delito de función, de acuerdo con un informe que se develó en Punto Final.
De implementarse lo que la Policía espera, este penal, además de expresidentes, tendrá a policías, sentenciados o procesados, como sus nuevos inquilinos. Las razones se explican en un informe de 17 páginas, elaborado a pedido de sus superiores por el comandante PNP Luis Alberto Castellares Matamoros, señaló el reportaje.
Añadió que en el documento también se expone que ello se daría ante un escenario adverso para la institución en que decenas de policías sean recluidos en penales por la violenta represión en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, que dejó al menos 44 fallecidos y 116 heridos.
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“Existe una alta probabilidad de que, en un futuro próximo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tomen medidas excepcionales que limiten la libertad del personal policial que estuvieron a cargo de las operaciones policiales para restablecer el orden interno en el país como respuesta a las protestas sociales surgidas tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo en los años 2022-2023″, se lee en el escrito.
De acuerdo con el Ministerio Público, hay un total de 154 miembros de la Policía y el Ejército que están siendo procesados por estos hechos. Por estas razones, la presidenta enfrenta hoy una denuncia constitucional por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
“A nivel de infraestructura es totalmente posible, de hecho, Barbadillo era un penal del Fuero de la Justicia Militar que una parte se acondiciona para la llegada de Fujimori, otra parte luego se acondiciona para Humala y una parte está acondicionada ahora para el presidente Castillo. No sé si sobrará espacio todavía. Pero era un penal originalmente para la justicia militar”, explicó el exjefe del INPE Leonardo Caparrós, pero tiene un reparo.
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“Lo importante aquí es que no pase lo que está pasando un poco con el penal Virgen de las Mercedes, que es el penal vía convenio con las Fuerzas Armadas, donde el INPE casi no tiene manejo. Entonces, lo importante es que este penal, mantenga el manejo del INPE”, añadió.
Este informe, con el proyecto de convenio para que se firme con el INPE, ya está, desde el 19 de julio, en manos del jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, que es Walter Zegarra. Ahora está en manos del terreno político, es decir, el gobierno de Boluarte, decidirá si la policía tendrá un penal exclusivo para ellos.
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