El asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz ha conmocionado a la ciudadanía.
Poderosa ha emitido un pronunciamiento con la finalidad de detallar que los empleados prestaban servicios a un minero artesanal con contrato para explotar material aurífero en favor de la compañía.
Ante tal escenario, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y otras instituciones han compartido sus mensajes de condolencias con la opinión pública.
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Preocupación ante criminalidad en la minería
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) lamentó la muerte de estos trabajadores.
“Nuestra institución exhorta a las autoridades a tomar medidas urgentes para recuperar el orden institucional y restablecer la seguridad en las zonas mineras de Pataz, donde se vienen registrando sucesivos atentados, generados por mafias de la minería ilegal, que buscan ejercer un control total en la zona”, se puede leer.
Además, el IIMP expresó su total preocupación por el predominio territorial que vienen logrando estos grupos ilegales a través de la violencia, pese al Estado de Emergencia establecido por las autoridades y al despliegue policial de la zona.
“En las últimas horas se ha reportado otro caso, en donde la Policía tuvo un enfrentamiento con un grupo criminal que había tomado como rehenes a trabajadores de la minera Caravelí, también en Pataz, hiriendo a dos efectivos policiales”, remarcó.
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Economías informales
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena ante el cruel asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz en La Libertad por parte de mineros ilegales que en alianza con organizaciones delictivas han desatado una ola de terror en esa región del país.
“El secuestro y asesinato de estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”, señaló.
En ese sentido, advirtió que hasta el momento el Gobierno no ha aprobado el plan de lucha contra la minería ilegal y menos aún su presupuesto; y que no basta con declaratorias de Estados de Emergencia para hacer frente a las actividades ilícitas ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la provincia de Pataz.
“Es importante que la Policía Nacional desarrolle labores de inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales de mineros ilegales que están generando la peor violencia en el país desde hace algunas décadas”, anotó.
Asimismo, el gremio minero subrayó que esta problemática se debe abordar con un claro liderazgo desde el Ejecutivo, con un marco normativo adecuado y políticas claras de combatefrontal contra la minería ilegal, así como con el fortalecimiento de las instituciones para que cuenten con los recursos y capacidades a fin de que realicen una adecuada fiscalización y trazabilidad de la cadena productiva.
La SNMPE también exhortó al Gobierno y al Parlamento Nacional a enfrentar la minería ilegal y poner fin a las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que ha servido para encubrir las ilícitas actividades de los mineros ilegales; “así como a tomar las medidas que sean necesarias para restablecer el orden y el principio de autoridad, brindar garantías a las empresas formales que invierten en el país y sobre todo a proteger a los ciudadanos que trabajan por el bienestar de sus familias y desarrollo del Perú".
Trabajo gubernamental articulado
El IIMP también exigió “resultados concretos de las acciones que tanto el Ejecutivo, como Legislativo y Poder Judicial, vienen llevando a cabo para proveer de bienestar y seguridad a los trabajadores mineros y a la ciudadanía en su conjunto”.
“Sin los debidos niveles de seguridad necesarios para el entorno, todo esfuerzo hacia la formalización resulta en vano”, añadió.
A la lista de reacciones se sumó el Colectivo PAS – País Seguro, conformado —entre muchos— por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el IIMP, Amautas Mineros, Confiep, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Adex, AGAP, Cámara de Comercio de Piura, Asociación Pyme Perú y Perú Sostenible.
“Este cruel asesinato ejecutado por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal representa uno de los episodios más cruentos de violencia en lo que va del año en el país”, manifestó.
Al respecto, el colectivo hizo un recuento sobre las huellas de la criminalidad en la zona: “Solamente en Pataz son ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores asesinados por las bandas criminales que en alianza con mineros ilegales vienen sembrando el terror en esta provincia liberteña, y si no los detenemos ahora, seguirán creando terror en otras provincias del Perú”.
La demanda, entonces, fue identificar a los autores del asesinato para que “sean sancionados con todo el peso de la ley”.
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Congreso también se pronuncia
El Congreso de la República expresó su solidaridad con los familiares de las 13 víctimas en Pataz y pidió al Gobierno Central “acciones inmediatas y efectivas en la lucha contra la delincuencia”.
“Alto a la impunidad. Captura y sanción a los responsables”, subrayó.
