En el marco de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció que continuará el bloqueo de equipos móviles que no se encuentran registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).
Durante mayo se bloquearán más de 190,000 celulares que están asociados a personas con un historial reiterativo de uso de IMEI alterados o clonados.
Esta acción forma parte del proceso de bloqueo progresivo de más de 1.5 millones de equipos móviles de alto riesgo, anunciado previamente por el Ejecutivo.
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Según OSIPTEL, el procedimiento se realizará en dos etapas: el 13 de mayo se bloquearán cerca de 100,000 equipos y el 27 de mayo se sumarán aproximadamente 90,000 dispositivos adicionales.
La modificación del IMEI de un equipo móvil es considerada ilegal, ya que suele estar vinculada a la comercialización de celulares robados. Por ello, esta medida busca desincentivar la manipulación de terminales y reducir los índices de robo de celulares en el país.
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¿Qué deben hacer los usuarios afectados?
Una vez que OSIPTEL emita la orden, las empresas operadoras tendrán un plazo de hasta dos días hábiles para notificar a los abonados mediante un mensaje de texto (SMS) que su equipo será bloqueado.
Los usuarios que consideren haber sido afectados injustamente, y que adquirieron su celular en una tienda distinta a la operadora, podrán solicitar el registro del equipo en la lista blanca del Renteseg.
Para ello, deberán acudir a una oficina de atención de OSIPTEL con el equipo y el comprobante de compra, si lo tienen.
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OSIPTEL validará que el equipo no haya sido alterado y verificará la coincidencia entre el IMEI físico del dispositivo y el IMEI lógico que aparece al marcar *#06#. Además, el abonado deberá firmar una declaración jurada como parte del trámite.
De forma excepcional, el ente regulador podrá autorizar el desbloqueo de un equipo adquirido legalmente, siempre que se compruebe su origen lícito y no se hayan realizado modificaciones indebidas.
Con esta medida, el Estado busca frenar el uso ilegal de celulares robados y brindar mayor seguridad a los usuarios, en un contexto en el que el crimen organizado ha convertido el mercado negro de dispositivos móviles en una de sus principales fuentes de financiamiento.
