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Únete al canal de GestiónRepresentantes de organizaciones indígenas y civiles solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) que declare la “intangibilidad estricta” del territorio de un área que se ubica en el Lote 88 de Camisea “para proteger” a pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci).
El pedido se fundamentó durante una audiencia pública celebrada por el TC sobre un proceso de amparo presentado en agosto del 2013 por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads), informaron los demandantes.
También participaron la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que se sumó al proceso en setiembre del 2019, y la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que sustentó un “amicus curiae” (opinión legal) sobre el tema.
La demanda pide que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) excluya a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, que comprende 456,672 hectáreas en territorios de las regiones de Cusco y Ucayali, “de cualquier promoción, exploración, o explotación de hidrocarburos, en atención de la extrema situación de vulnerabilidad de los Piaci que habitan en ella”.
Orden contra Pluspetrol
En ese sentido, se pidió que se ordene a Pluspetrol, socio mayoritario del consorcio que explota el yacimiento de gas de Camisea, en el Cusco, que se abstenga de realizar operaciones de exploración y explotación en la zona del Lote 88 “por representar un peligro para la supervivencia de los Piaci”.
Además, se afirmó que se omitió realizar un proceso de consulta previa con las comunidades de Cashiriari y Segakiato, que colindan con la reserva y se encuentra en la zona de influencia de ese lote.
Al respecto, el presidente de Aidesep, Jorge Pérez, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que las situaciones que implican amenazas a la supervivencia física y cultural de los Piaci “tienen como causa común el contacto, sea directo o indirecto, con personas ajenas al pueblo”.
Por ese motivo, el presidente de Idlads, Henry Carhuatocto, dijo que el objetivo es proteger a los Piaci de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti mediante “el respeto a la intangibilidad de sus territorios ancestrales” y su consecuente exclusión del Lote 88.
Además, garantizar el derecho a la consulta previa de los contratos de grandes proyectos y sus estudios de impacto ambiental cuando afectan derechos y territorios de comunidades indígenas como el caso de Cashiriari y Segakiato.
La abogada de Aidesep Lilyan Delgadillo, añadió que se debe reconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el ámbito del contrato, el estudio de impacto ambiental (EIA) y las ampliaciones de la zona de exploración del Lote 88.
Criterios sobre los Piaci
La organización DAR sustentó un “amicus curiae” presentado en junio del 2019 en conjunto con la Fundación para el Debido Proceso y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá).
El especialista de DAR Carlos Quispe indicó que el TC tiene “una excelente oportunidad” para pronunciarse sobre el fondo de la discusión mediante una declaración de “Estado de Cosas Inconstitucional”, a partir de considerar los problemas y amenazas identificados en el caso de las reservas y que se reproducen en otros territorios habitados por los Piaci.
De esa manera, añadió, el TC podría “profundizar en los criterios” para la protección de los Piaci, sobre todo para la intangibilidad estricta de su territorio, y realizar una exhortación a las autoridades estatales para que adopten medidas para proteger la vida e integridad de estos pueblos.
Las organizaciones indicaron que a la audiencia asistieron representantes de Pluspetrol, la empresa estatal Perupetro y los procuradores del Minem y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Sin embargo, resaltaron la ausencia de representantes de los ministerios de Salud y Cultura, a pesar de que se han denunciado casos de contaminación por mercurio en los pueblos indígenas Nahua de Santa Rosa de Serjali, al interior de la reserva, según un análisis oficial publicado en el 2017.
