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La deforestación en los bosques de la Amazonía peruana ha dejado de ser una preocupación exclusivamente medioambiental y está dando paso a la corrupción e inquietantes escenarios que van desde la minería ilegal al narcotráfico y las amenazas contra los líderes indígenas que luchan por proteger su territorio, según denuncia la ONG Proética.
“Los ecosistemas de bosques de Perú y de gran parte de la región de América Latina se han convertido lamentablemente en laboratorios de economías ilegales”, señaló la directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética en Perú, Magaly Ávila.
A su juicio, es clave denunciar estas actividades ilícitas en un país donde el 60% de su superficie son zonas boscosas.
Incremento de delitos ambientales
Un estudio de la organización alerta de que, de los delitos ambientales producidos en Perú del 2009 al 2021, más de la mitad corresponden a procesos penales relacionados con los bosques y advierten que este tipo de delitos ha aumentado desde el 2020 casi un 50%.
Además, el Ministerio de Ambiente (Minam) realizó una medición en la que aseguraban que el 2020 fue el año de mayor avance de deforestación de las últimas décadas: 200,000 hectáreas de bosque peruano fueron arrasadas.
Frente a eso, Proética sostiene que la pandemia hizo que se suspendieran controles y trabajos de fiscalización, lo que dio vía libre a que actividades ilegales aumentaran en el Amazonas peruano.
“No se pueden seguir viendo los delitos ambientales como un problema ambiental porque no lo son, traspasan lo ambiental, se dan dentro de un área de recursos naturales, pero los ilícitos que se cometen ahí están relacionados con el del narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción, por lo que no podemos seguir viéndolos como algo exclusivamente ambiental”, denunció Ávila.
La tala ilegal es el primer paso para que más adelante se puedan instalar en esos terrenos otras actividades como la minería ilegal o cultivos ilícitos, y todos estos procesos van de la mano de la corrupción que se genera por parte de ciertos funcionarios estatales, empresas y organizaciones delictivas, según afirma la organización.
“Si no hubiera un funcionario que conoce o sabe que hay pozas de maceración de coca o que hay sembradíos de coca y lo pasa por alto, no habría un avance de estos procesos”, dijo Ávila, que señaló que existen algunos que se coluden al aceptar pagas para no denunciar estas situaciones.
Sostuvo que también existen funcionarios que luchan contra la corrupción y que muchos tienen que trabajar sin apenas recursos del Estado como seguridad o transporte y que en ocasiones son amenazados por estas mafias.
“Es importante señalar que las actividades ilegales no trabajan solas, todas, incluida la corrupción, se superponen, se alían y se trenzan para trabajar concatenadamente y facilitar los procesos”, señaló Avila.
Un ejemplo de esta interconexión es el impacto que tienen los taladores ilegales, que abren caminos para transportar la madera y, de forma paralela, estos se usan como terrenos para extraer minerales, cultivar coca o sirven como aeródromos para sacar estos recursos fuera del Amazonas.
Pueblos nativos afectados
El avance de este tipo de actividades, además de perjudicar el ecosistema de una de las áreas con más biodiversidad del planeta, atenta contra los derechos de los pueblos nativos de esta zona.
Desde marzo del 2020, las autoridades locales han reportado que, al menos, 15 líderes ambientales de estos pueblos fueron asesinados por mafias, una cifra récord que, según Proética, retrata el avance de la corrupción.
La organización ha presenciado cómo el narcotráfico es lo que mueve la economía de zonas amazónicas como la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, lo que crea una “tierra de nadie”, en la que la trata de personas, que incluye menores es lamentablemente una realidad.
“La corrupción mata, la corrupción genera muertes, pobreza y un estado completamente perverso en el cual se desvirtúa la democracia y el proceso de credibilidad de la institución pública”.
