Las ollas comunes ubicadas en zonas consideradas en situación de pobreza y pobreza extrema registran deficiencias que afectan el derecho a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, alertó la Defensoría del Pueblo.
La entidad dio a conocer este panorama tras presentar los resultados de la supervisión a 100 municipalidades provinciales a nivel nacional y 10 municipalidades distritales de Lima Metropolitana que gestionan el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), así como a 22 municipios distritales a nivel nacional que gestionan estas ollas comunes situadas en estos sectores.
Según el reporte, en el distrito de Condomarca, en el departamento de La Libertad, se presentan dificultades para el transporte de los alimentos hacia esta jurisdicción, debido a que se utilizan animales de carga.
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Sin embargo, los casos más críticos se reportan en los distritos de Chillia y Sartimbamba, en la misma región. En Chillia, a la fecha del corte de la supervisión de la entidad, las ollas comunes no había recibido alimentos y se encontraba a la esperaba de la aprobación de un nuevo decreto supremo para contar con presupuesto. En Sartimbamba, ninguna de sus 26 ollas comunes es atendida por falta de presupuesto del gobierno central. Las autoridades en ambas jurisdicciones solicitaron atención rápida del gobierno local.
Asimismo, en el distrito de Cocharcas, departamento de Apurímac, algunas ollas comunes eliminadas continúan operando, a la espera de ser reconocidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el futuro.
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Lima Metropolitana también reporta deficiencias
Según la Defensoría del Pueblo, en la municipalidad distrital de Villa El Salvador, en Lima Metropolitana, se detectó que se tenía organizaciones de ollas comunes con observaciones, algunas suspendidas definitivamente y otras de manera temporal.
A nivel nacional, se reportó que las cifras de personas beneficiadas con los distintos servicios del Programa de Complementación Alimentaria no coinciden con las que reportan los gobiernos locales. Además, durante la supervisión, se detectó que las municipalidades supervisadas presentaban problemas de adquisición y distribución de productos en un 56.36 %, de las cuales el 30.65 % fue por problemas de gestión.
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La Defensoría del Pueblo, ante este panorama planteó la necesidad de cambiar la modalidad de la distribución económica a través de núcleos ejecutores a la gestión de programas sociales de complementación alimentaria, lo que permitirá la distribución directa de los recursos financieros para su sostenimiento.
Además, recomendó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que, para la elaboración del padrón general de hogares del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se tenga acceso a información de diferentes entidades del gobierno para que se actualice la clasificación socioeconómica para determinar el acceso a los programas sociales y subvenciones estatales económicas para la ciudadanía vulnerable.
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