A seis días de la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno que intenta marcar distancia de varias de las propuestas planteadas inicialmente por Juntos por el Perú (JP) e inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el documento,siguen algunos planteamientos centrales, como la elaboración de una nueva Constitución y cambios en el marco institucional del país.
El programa, de 114 páginas, fue presentado junto a integrantes de su equipo técnico, entre ellos Pedro Francke, Ernesto Zunini y Manuel Rodríguez Cuadros. Según Sánchez, el documento servirá como hoja de ruta para un eventual gobierno.
La comparación entre ambos textos muestra ajustes en el tono y en algunas propuestas económicas, así como una mayor precisión en determinadas metas de gestión. Sin embargo, persisten planteamientos vinculados a reformas constitucionales y modificaciones al régimen económico contemplado en la Carta Magna.
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Economía: discurso con señales mixtas
Uno de los cambios más notorios se observa en el capítulo económico. El plan de primera vuelta planteaba una crítica frontal al modelo económico vigente, al que calificaba de “neoliberal”, y proponía una transformación estructural del sistema productivo. Entre sus planteamientos figuraban la renegociación de tratados de libre comercio, una mayor participación estatal en sectores estratégicos como hidrocarburos y puertos, así como impuestos a las sobreganancias.
En contraste, el nuevo programa adopta un lenguaje orientado a la estabilidad macroeconómica. Entre sus compromisos figura el respeto a la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva (BCR) y el cumplimiento de las reglas fiscales.
Como se rcuerda Sánchez lanzó fuertes críticas contra Velarde lo que le generó fuertes cuestionamientos de diversos sectores al candidato de JP.
“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar (...), solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a empresas transnacionales”, señaló en su momento.
Revisisón del capítulo económico
Asimismo, Juntos por el Perú mantiene el objetivo de transformar la estructura productiva del país, pero incorpora metas concretas como elevar la Remuneración Mínima Vital a S/ 1,500 mensuales, impulsar la industrialización nacional, la inversión privada y popular de forma descentralizada, fortalecer a las micro y pequeñas empresas y promover la agricultura familiar.
No obstante, el documento también incluye propuestas que apuntan a revisar aspectos del régimen económico vigente.
Dentro del capítulo de reforma constitucional señala la necesidad de “devolver al Estado un papel activo como planificador estratégico del desarrollo” y revisar el régimen económico de la Constitución para fortalecer la soberanía sobre los recursos naturales y los servicios universales.
De esta manera, el plan combina compromisos de estabilidad económica y respeto a la inversión privada con propuestas orientadas a modificar el papel que actualmente desempeña el Estado dentro del modelo económico establecido por la Constitución.
Constitución: cambia el énfasis
La propuesta de una nueva Constitución permanece en ambos documentos, aunque con diferencias. El plan original consideraba que la Carta Magna de 1993 tenía un origen ilegítimo y proponía reemplazarla mediante una Asamblea Constituyente como mecanismo central de reforma política.
El nuevo documento suaviza ese planteamiento y plantea una “reforma constitucional de consenso”, acompañada de mecanismos de participación ciudadana como el referéndum. Sin embargo, mantiene la intención de introducir cambios constitucionales y revisar aspectos relevantes de la organización política y económica del Estado.
Uno de los puntos que enfatiza el programa es la necesidad de modificar el tratamiento constitucional de la vacancia presidencial. El documento propone “establecer el equilibrio y la independencia entre los poderes del Estado” y precisar las causales de vacancia presidencial, delimitando con claridad la figura de la “permanente incapacidad moral”.
Si bien el plan no detalla cómo se realizarían estos cambios ni cuál sería la nueva redacción constitucional, deja en claro la intención de reformar las reglas vigentes para delimitar la vacancia presidencial
Roberto Sánchez presentó un nuevo programa de gobierno para la segunda vuelta junto a integrantes de su equipo técnico y representantes de agrupaciones aliadas. Foto: Facebook.
Seguridad con medidas inmediatas
En materia de seguridad ciudadana también se observan diferencias. Mientras el plan inicial se concentraba en el diagnóstico de la crisis del sistema de justicia y la necesidad de reformas institucionales, el nuevo programa incorpora acciones de aplicación inmediata.
Entre ellas figuran la convocatoria a un Pacto Nacional por la Justicia, la derogación de las llamadas leyes “pro-crimen” y la creación de un comando unificado contra las organizaciones criminales.
Salud y educación, cambian los indicadores
En salud, el plan de primera vuelta fijaba la meta de destinar el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector. El nuevo plan, no aborda el porcentaje del PBI, sin embargo, incorpora objetivos de cobertura y resultados más específicos.
Entre ellos destaca alcanzar una cobertura sanitaria del 95% de la población y fortalecer la atención primaria.
En educación, se mantiene el compromiso de elevar la inversión pública hasta el 6% del PBI. En cambio, se añaden metas concretas como establecer estándares nacionales para condiciones mínimas de educabilidad en todo el territorio (acceso a agua, luz, conectividad, alimentación, etc), mejorar la infraestructura educativa en áreas urbanas en un 55% y un 40% en áreas rurales, e implementar programas de capacitación continua para el 100% de docentes de las áreas rurales y marginales.
Nacionalización de Telefónica desaparece
Uno de los episodios que generó mayor atención tras la presentación del programa fue la modificación de una propuesta vinculada al sector telecomunicaciones.
Según reportó Cuentas Claras, de Canal N, en una primera versión del documento se planteaba que el Estado nacionalizaría Telefónica del Perú y recuperaría activos estratégicos de telecomunicaciones. Sin embargo, horas después esos párrafos fueron retirados de la versión difundida por la candidatura.
De un ideario partidario a un programa de coalición
Más allá de las medidas específicas, la principal diferencia entre ambos textos radica en su naturaleza política.
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El plan original respondía al ideario histórico de Juntos por el Perú y se definía dentro de la corriente de la izquierda democrática, con referencias al denominado “Socialismo Andino Amazónico”.
El nuevo documento, en cambio, fue elaborado con el aporte de agrupaciones como Ahora Nación, Obras, Primero la Gente y la Alianza Electoral Venceremos. Aunque adopta un discurso más moderado tras su pase a la segunda vuelta, conserva propuestas de reforma constitucional y cambios al régimen económico. De hecho, mientras promete respetar la economía de mercado, los tratados de libre comercio y la autonomía del BCR, también plantea revisar el capítulo económico de la Constitución y fortalecer el papel del Estado como planificador estratégico. Estas diferencias muestran que, si bien el plan busca transmitir mayor estabilidad hacia diversos sectores, mantiene elementos de transformación institucional presentes en la propuesta original de Juntos por el Perú.
Presidente de la SNI afirma que no se le puede creer a Sánchez
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, afirmó que no le cree a Roberto Sánchez y cuestionó la validez de las nuevas propuestas que viene presentando durante la campaña electoral.
El dirigente empresarial sostuvo que existen contradicciones entre los planteamientos actuales y los que el candidato expresó anteriormente sobre el manejo de la economía.
James recordó que Sánchez había planteado retirar a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR) y utilizar las reservas de la entidad, propuestas que en su momento generaron preocupación en diversos sectores. Por ello, señaló que resulta necesario aclarar si se aplicará el plan de gobierno inscrito originalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones o el documento presentado recientemente.
“Decía que iba a despedir a Julio Velarde e iba a usar la reserva del BCR. Por supuesto que no se le puede creer”, manifestó el titular de la SNI en Canal N.
