El Ministerio de Trabajo (MTPE) declaró improcedente la huelga nacional anunciada para este sábado 27 de julio, en el marco del inicio de la celebraciones por Fiestas Patrias, por uno de los tres sindicatos de Migraciones, el Sicasmigra.
“La Resolución Directoral General N° 000189-2024-MTPE/2/14 señala que dicha medida de fuerza pone en riesgo un servicio público esencial para el país, como es el control migratorio de ingreso y salida del territorio nacional, además de no cumplir con los requisitos legales para ser convocada”, señaló mediante un comunicado.
De esta manera, Migraciones indica que su administración acudirá con la mayor voluntad de diálogo a la reunión extraproceso a desarrollarse en el MTPE, donde se abordarán las demandas presentadas por el sindicato, a fin de arribar a un acuerdo, en el marco de la ley y el presupuesto asignado.
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En esa línea, la entidad señala que se han adoptado las acciones necesarias para mitigar cualquier riesgo de afectación al control migratorio, que es un servicio público estratégico vinculado a la seguridad nacional, entre otros servicios.
¿Qué exige el sindicato?
El Sindicato Nacional de Trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció el inicio de una huelga indefinida a nivel nacional desde este sábado 27 de julio.
“Tras la aprobación en asamblea nacional extraordinaria, se iniciará una huelga nacional de carácter indefinida a partir del 27 de julio de 2024, a las 00:00 horas. Esta medida se toma como último recurso ante el incumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones de [una serie] de demandas”, señalaron mediante un comunicado este martes 23 de julio.
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En detalle, se precisa que una de las demandas es que se cumpla con un convenio suscrito entre la superintendencia y dos de sus organizaciones sindicales firmadas el 14 de julio de 2023 “y que se encuentra vigente”.
También se solicita el “cumplimiento cabal de la ley de seguridad y salud en el trabajo”, “infraestructura digna en la sede central, jefaturas zonales y puestos de control migratorios a nivel nacional”.
Entre otros puntos, se pide también que las convocatorias de las plazas CAS y servicios por terceros “garanticen procesos transparentes e imparciales” y “cambio de funcionario de la superintendencia”, a quienes acusan de falta de diálogo.
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