Supervisado por Rafael López Aliaga, el primer embarque de material ferroviario hacia Lima ha sido confirmado para la primera semana de julio 2025. (Fuente: MML)
Supervisado por Rafael López Aliaga, el primer embarque de material ferroviario hacia Lima ha sido confirmado para la primera semana de julio 2025. (Fuente: MML)

Un documento oficial del , enviado el 13 de mayo de este año al alcalde de Lima, , revela que el Gobierno solicitó con carácter de urgencia información detallada sobre el estado situacional de los a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según fuentes del sector, la comuna no respondió hasta hoy, más de siete semanas después.

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El oficio N.º 2274-2025-MTC/19.02, dirigido directamente a la autoridad edil, solicita información técnica clave: el estado operativo y físico del material rodante, su ubicación actual, el cronograma de evaluación y puesta a punto, así como los estudios de compatibilidad con la infraestructura ferroviaria del tramo Lima–Chosica.

Todos estos datos eran indispensables para avanzar con la adenda que permitiría poner en operación el denominado , una propuesta impulsada por como alternativa de transporte en la capital.

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El documento hace referencia a la transferencia de estos trenes de segunda mano —modelos F40PHR y 93 coches remolques tipo Gallery Car— desde el estado de a través del convenio con Peninsula Corridor Joint Powers Board, y resalta la necesidad de información urgente para formalizar el uso de dichos vehículos.

No obstante, la falta de respuesta por parte de la estaría frenando el proceso de adenda entre el y la comuna limeña, generando incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto.

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La operación del -uno de los anuncios más publicitados por Rafael López Aliaga- depende de contar con infraestructura adecuada, personal capacitado, y sobre todo, trenes en buen estado técnico, algo que hasta ahora no ha sido acreditado por la .

Este retraso complica aún más la ejecución del proyecto, que inicialmente fue planteado para estar operativo este mismo año. La demora también vuelve a poner en debate la gestión de la transferencia internacional de bienes públicos, la falta de coordinación interinstitucional y la limitada capacidad técnica de los gobiernos locales para administrar proyectos ferroviarios.

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