El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), oficializó la prohibición del uso y comercio de insecticida. La medida rige el próximo año.
A través de la Resolución Directoral 0032-2023-MIDAGRI-SENASA-DIAIA, se prohíbe el registro, importación, fabricación y formulación de plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan clorpirifos, a partir del 1 de agosto de 2024.
La Digesa sostuvo reuniones de trabajo con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), donde emitió opinión técnica sobre los daños a la salud que produce este insecticida y elevó el Informe D000206-2023-DIGESA-DCA-Minsa para oficializar su postura.
La decisión de prohibir el uso de 83 plaguicidas que contengan clorpirifos se basa en la evaluación de riesgo realizada por la Digesa y DGAAA, considerando además la existencia de otros plaguicidas registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), eficaces en el control de plagas agrícolas que constituyen un menor riesgo para su uso.
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Los plaguicidas a base de clorpirifos son insecticidas del grupo de los organofosforados, no sistémicos, con acción de contacto, estomacal y respiratoria para el control de diversas de plagas agrícolas. Este plaguicida se ha restringido o prohibido en países como Argentina, Chile Colombia, Estados Unidos y países de la Unión Europea, precisamente por sus riesgos inaceptables a las personas y al ambiente.
Esta resolución, publicada el 12 de julio de 2023, también contempla la prohibición del uso, comercialización, almacenamiento, distribución y envasado de los plaguicidas registrados a base de clorpirifos. Bajo este contexto, el Senasa pondrá en marcha un plan de trabajo para el retiro oportuno del plaguicida, en cumplimiento de la disposición oficial.
La aplicación de esta medida es el resultado de las acciones que se están tomando frente a plaguicidas considerados de “alto riesgo”, las cuales están respaldadas técnicamente en las instituciones competentes de apoyo al Senasa, como es Digesa, que, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, evalúa los riesgos toxicológicos de la exposición de los plaguicidas a la salud humana.
