En la dura batalla contra la inseguridad ciudadana se han ejecutado diferentes medidas, pero con escasos resultados, y una muestra de ello es la desconfianza de los peruanos por las autoridades: el 78% desaprueba al Gobierno en su lucha contra la delincuencia, según una encuesta de Ipsos. Mientras tanto, los criminales se abren paso con nuevas modalidades y, aun estando tras las rejas, encuentran la manera de continuar delinquiendo.
En el 2023, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) efectuó 5,257 requisas a nivel nacional, decomisando 2,090 celulares, 2,237 accesorios de celulares, y 6,698 armas blancas o punzocortantes. Estos resultados reflejan cómo las organizaciones criminales continúan operando pese a que sus integrantes son sentenciados y recluidos en los 68 establecimientos penitenciarios que hay en el país.
Durante la exposición del pedido de facultades legislativas en el Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana dio detalles de una propuesta que promete combatir la operatividad de las bandas criminales desde las cárceles.
Se trata de una iniciativa que, con el objetivo de reforzar la prohibición del uso de celulares en los penales, busca regular las obligaciones y sanciones a las empresas de telecomunicaciones. ¿Esta medida logrará combatir los casos de extorsión que se reportan desde los centros penitenciarios?
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No generaría un impacto
El gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Pacheco dijo a Gestión que plantear sanciones a las empresas de telecomunicaciones por el uso de celulares en los establecimientos penitenciarios es “trasladar el problema al sector privado”.
“Nos preocupa que existan propuestas que impliquen regulación para las empresas de servicio de telecomunicaciones. Si solo se habla de penalizar a las empresas es sobrecargarlas, como si fueran responsables de la seguridad ciudadana”, enfatizó.
En ese sentido, indicó que el Ejecutivo debe evaluar otro tipo de iniciativas para disminuir los índices de criminalidad. “Estamos viendo que hay varias medidas que se trasladan al sector privado cuando en realidad es un tema de política de Estado e instituciones públicas”, subrayó.
Por su parte, el exministro del Interior y expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza manifestó que no hay claridad sobre las sanciones a aplicar a las empresas de telecomunicaciones, ya que el uso de celulares en cárceles no pasa por su responsabilidad.
“No veo de qué manera se pudiera reforzar la prohibición de uso de celulares en la prisión y asociarlo al cumplimiento de algunas obligaciones a las empresas de telecomunicaciones. No creo que se esté pensando que las empresas de telefonía prestan su servicio en los penales deliberadamente”, expresó.
En esa línea, recordó que es responsabilidad del Ministerio de Justicia la supervisión del funcionamiento de los bloqueadores de celulares. “Esta propuesta, presentada en el marco de pedido de facultades legislativas, no sería aplicable y no reduciría la delincuencia que sale desde las cárceles”, aseveró.
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Se debe fortalecer medidas vigentes
Para evitar que los internos utilicen celulares y continúen transgrediendo la ley y operando con bandas criminales, en junio del 2014 el gobierno otorgó la buena pro a la concesionaria Prisontec para la instalación de bloqueadores de teléfonos celulares y wifi en las cárceles del país. Además, de acuerdo al Decreto Legislativo N°1229, las empresas operadoras de telefonía tienen prohibido la instalación de antenas en zonas restringidas, que abarcan 200 metros alrededor de los penales.
Juan Pacheco sostuvo que si un preso utiliza un celular para realizar llamadas y delinquir significa que fallaron los protocolos para evitar el ingreso de estos equipos al establecimiento penitenciario y porque además el sistema de bloqueo no está funcionando.
“Si se quiere evitar que los internos accedan a celulares, debería reforzarse el sistema de bloqueo y no permitirse el ingreso de equipos móviles”, puntualizó.
El exjefe del INPE resaltó que es a Prisontec a quien se le debe exigir que cumpla con garantizar al 100% el bloqueo de telefonía celular en las principales cárceles. En el caso de operadoras móviles, la normativa vigente pasa por la anulación inmediata de las líneas reportadas por uso en penales.
Incluso, plantear una regulación de disminución de la intensidad de la señal de telefonía móvil en las zonas donde están ubicadas las cárceles, podría afectar a los ciudadanos que viven en los alrededores, ya que muchos de los penales están ubicados en zonas urbanas.
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Un problema mayor
La delincuencia enquistada en los penales es solo una de las aristas del gran problema que aqueja al sistema penitenciario. Las 68 cárceles que funcionan a nivel nacional albergan 94,911 internos, cuando su capacidad solo es de 41,019 personas. Es decir, hay 53,892 reos que no tendrían cupo en el sistema penitenciario, representando una sobrepoblación de 131% y hacinamiento de 111%.
En febrero de este año, el titular del Minjus informó que se tiene en cartera la construcción de seis cárceles con el objetivo de lograr el deshacinamiento. Para acelerar la ejecución de los proyectos, Pedraza recordó que en el 2015 se publicó el decreto legislativo N° 1229, que declara de interés público el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, así como la participación del sector privado.
De esta manera, la empresa privada podría participar en materia de financiamiento, construcción, mantenimiento, operación de infraestructura, tratamiento y seguridad en los penales del país, bajo la modalidad de asociación público-privada. “Las ventajas de convocar al capital privado para construir penales son muchísimas, solo falta decisión política”, manifestó el extitular del Mininter.
Además, destacó que si se delega al sector privado la construcción de infraestructura penitenciaria no solo se agilizaría el desarrollo de los proyectos, sino además se evitarían problemas vinculados a la corrupción. “La inseguridad ciudadana tiene relación directa con la conservación de la inversión en nuestro país. Es una absoluta necesidad”, finalizó.
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El decreto legislativo N° 1229, que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios fue publicado en setiembre del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala y lleva la firma de Gustavo Adrianzén, actual jefe de Gabinete, quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de Justicia.
Dato:
En un operativo para erradicar antenas y receptoras ilegales, realizado en enero del 2024, el INPE encontró 18 antenas parabólicas, 6 antenas tipo plato; 5 switch; 2 router inalámbricos, 5 adaptadores de voltaje, 1 cámara tipo domo, 1 batería, 1 cargador solar; 1 placa de Switch con 7 puertos; 6 convertidores, 1 medidor de luz con llave térmica; 1 grabadora de video digital; 5 supresores de pico y 5 adaptadores de voltaje en perímetro del penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
En el mes de marzo, se logró erradicar 4 antenas repetidoras de internet en las inmediaciones del penal “El Milagro” en Trujillo.
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Periodista. Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en prensa digital y TV.
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