La ministra de Cultura, Leslie Urteaga se pronunció sobre el informe de la Contraloría General de la República que determinó presuntas responsabilidades administrativas en el proceso de contratación de la empresa Joinnus para la venta de boletos electrónicos para el ingreso a 23 espacios culturales.
La titular del Mincul manifestó que en el contexto de supuestas mafias e irregularidades que se venían reportando en la venta de boletos para ingresar a Machu Picchu, su cartera tenía que tomar una decisión política en un “momento de urgencia”.
“Teníamos que tomar una decisión política, una decisión de gestión, una decisión para dar el paso cualitativo para realmente salir de esas mafias, esas irregularidades que nos habíamos visto sometidos a buscar tickets de otra forma”, declaró a los medios de prensa.
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¿Por qué se eligió Joinnus?
Leslie Urteaga explicó que se eligió a la plataforma Joinnus dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado, tras un estudio de mercado realizado en el mes de agosto del año pasado, en el que diferentes empresas enviaron sus cotizaciones. “Se decidió por la de menor costo y no hubo pago de comisión a la empresa proveedora”, manifestó.
Asimismo, anunció que, en los próximos días se procederá a resolver el contrato de manera anticipada, pero antes se ejecutarán las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
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Informe de Contraloría
La Contraloría determinó una presunta responsabilidad administrativa de tres exfuncionarios del Ministerio de Cultura por los indicios de irregularidades en la implementación de la plataforma “tuboleto.cultura.pe”, a cargo de Joinnus. Según el documento se trata de la exdirectora general de la Oficina General de Administración y los exjefes de la Oficina de Abastecimiento.
“Ya las recomendaciones de la Contraloría se han tomado, en los inicios de procedimientos disciplinarios a las personas que podrían tener esta responsabilidad administrativa y seguramente seguiremos viendo en el proceso administrativo, disciplinario si es que hay responsabilidad penal, civil, contractual”, informó la ministra Urteaga.
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