Desde el 2023 hasta el 25 de setiembre de este año, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha separado a 2,160 docentes y administrativos que se encuentran condenados o procesados por diversos delitos graves, informó dicho portafolio.
Si bien la aplicación de la Ley 29988 se inició en Gobiernos anteriores, en la actual gestión se ha alcanzado la cifra más alta en la historia del sistema educativo.
De ese total, 1835 son docentes y 325 son administrativos y trabajaban en 1,829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados.
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Ellos están condenados o procesados por los delitos de violación a la libertad sexual (1813), terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41), secuestro (36), proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos (29) y proxenetismo (13).
Asimismo, por pornografía infantil (9), feminicidio (9), por violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual (7), trata de personas (4), secuestro extorsivo (2), parricidio (2), violación de la libertad sexual / proxenetismo (1) y sicariato (1).
Refuerzo de medidas en 2024
Estas acciones contra los malos elementos infiltrados en el magisterio y la administración de las instituciones educativas se intensificaron entre el 1 de abril de 2024 y el 25 de setiembre de este año.
En este periodo, fueron separadas en el ámbito nacional 1165 personas: 1000 docentes y 165 administrativos que trabajaban en 1024 colegios públicos y 141 colegios privados. De ellas, 176 fueron separadas definitivamente y 989 fueron apartadas de manera preventiva.
Entre estas personas, 991 están condenadas o procesadas por los delitos de violación de la libertad sexual; 87, por terrorismo y apología del terrorismo; 22, por tráfico ilícito de drogas; 21, por homicidio doloso, y 13, por proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.
Del mismo modo, 13 están condenadas o procesadas por secuestro; 6, por proxenetismo; 5, por violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual; 2, por feminicidio, y 1, por parricidio.
La separación de estas personas se respalda en el marco legal vigente, que establece medidas extraordinarias para apartar del sistema educativo a docentes y administrativos implicados en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas y otros.
El ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó que su gestión redoblará esfuerzos y continuará actuando enérgicamente con el fin de separar de las instituciones educativas a docentes y administrativos que representan un peligro para los estudiantes y hacer de las escuelas lugares seguros.
“Vamos a limpiar las escuelas de malos elementos y no permitiremos que estén cerca de nuestros niños y jóvenes, pues, para el Ministerio de Educación, la seguridad de los estudiantes es una prioridad”, señaló.
