Únete al canal de GestiónDesde el miércoles 15 de noviembre entra en vigencia las nuevas medidas que el Poder Ejecutivo incorporó en el Decreto Legislativo N° 1582, en el cual se modifica la Ley de Migraciones enfocada en la expulsión de personas extranjeras. ¿Es la solución para la inseguridad ciudadana o provocaría más conflictos?
Gestión conversó con Juan Valera, asociado senior encargado del Área Laboral y Migratoria en MOAR Abogados, para conocer más sobre las modificaciones que se realizaron e indicó que el objetivo es “establecer el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para expulsar a personas extranjeras que cometan infracciones o realicen actividades que atenten contra el orden público, y para quienes se encuentren en condición irregular en el país”.
Es decir, en este procedimiento excepcional se desarrollará una audiencia única, ya sea virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas contabilizadas desde la retención administrativa efectuada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Juan Valera observa que, “se demorarían, aproximadamente, 48 horas en la expulsión, pero va a estar sujeta a un recurso de reconsideración”.
Por ello, señala que la creación de este procedimiento administrativo excepcional debe ser algo célere y “que no debe quedar en el papel, porque si no, no sirve de mucho que se dispongan plazos. El Ministerio del Interior tiene la capacidad de cumplir con ello y hacer efectiva las sanciones, así como con los ciudadanos que incumplan con la revisión de documentos”.
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Sanción a arrendatarios y empresas de transporte que brinden servicio a ilegales
Según esta modificación del Decreto Legislativo N.º 1582, se sancionarán a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras irregulares y a los arrendatarios que hospeden a ilegales, es decir, deben solicitar el documento que acredite su situación migratoria y, de no contar con ello, comunicarlo a la PNP.
En el caso de brindar un servicio a algún extranjero en condición irregular, las autoridades peruanas sancionarán a la empresa. María Ángela Vásquez, socia de Aguirre Abogados & Asesores, señala que “actualmente, no se conoce la sanción para arrendatarios y transportistas, pero lo más probable es que sea una multa. Esta es una obligación que ya se exigía en los medios de transportes, pero ahora se está anunciando de una forma más rigurosa para las empresas que transportan personas ilegales”.
Claudia Susano, abogada especialista en Derecho Penal, considera que con este Procedimiento Administrativo Sancionador “es como darle otro brazo articulado a la criminalidad”.
“Podría brindar cierta seguridad para el tránsito, entre otras cosas, pero en nuestro país, con las condiciones y el comercio informal, es como haberles dotado de un arma adicional. ‘Si vas a dejar hospedarme, o si no me vas a dejar transitar, comienzo a extorsionar’ dirán, y eso es algo que quizá no lo han visto como tal amplitud, simplemente se han apresurado a crear estas sanciones y a señalar estas indicaciones para las políticas migratorias, pero no en su visión de la criminalidad organizada”, acotó.
Además, advierte que con esta medida, “potenciaría de alguna manera estos delitos y habría que crear un tipo penal nuevo para acogernos a esta nueva criminalidad. Si tuviésemos una política fuerte de migración, como otros países que no tienen mucha tolerancia con los migrantes, podríamos controlarlo. Esta nueva criminalidad exige también la aplicación de un nuevo procedimiento y cambiaría a gran escala los temas legales”.
Por otro lado, también se contempla que algunos arrendatarios o transportistas desconozcan cómo identificar un carné de extranjería, por lo que Claudia Susano espera que las autoridades realicen campañas informativas.
“A nivel de transportes, están conectados con el Ministerio de Transportes, para ver temas de limitaciones, pero tendrían que implementar un mecanismo de identificación o control. Eso requiere también un presupuesto adicional. En el caso de los arrendatarios, tendrían que ser las municipalidades las que influyan, tendrían que hacer una capacitación multisectorial para que puedan identificarse a los extranjeros”, exhortó.
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Extranjeros ilegales todavía no son expulsados del país
Según La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de 1,5 millones de personas venezolanas han llegado al Perú, y más de 532,000 solicitaron la condición de refugiados. Estas cifras convierten al país en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial.
Roberto Jiménez, representante de Migraciones, informó que, hasta el 10 de noviembre, aproximadamente, 214,000 personas extranjeras solicitaron regularizar su estadía en el Perú, pero se desconoce cuántos ciudadanos extranjeros hay en el Perú actualmente, ya que, así como muchos ingresan de manera ilegal, se retiran de la misma forma del país.
Además, el director de gestión técnica y fiscalización migratoria contó que, hasta la fecha, no se han expulsado a los ciudadanos ilegales “estamos realizando coordinaciones con la Policía porque queremos realizar el protocolo de la mejor manera posible. Existe una norma precedente, desde hace dos semanas, que estableció el control de identidad de personas hasta por 12 horas, y eso nos habilita a hacer mejor las cosas. Se debe saber si el ciudadano extranjero tiene consigo un documento”.
En cuanto al proceso de evaluación de solicitudes, Roberto Jiménez indicó que no hay una fecha prevista para culminar con todas, pero en las próximas semanas se podrán avizorar los primeros indicadores del trámite en las agencias de atención.
Hasta ese momento, los ciudadanos que están pendientes al proceso y sean intervenidos por la PNP, podrán mostrar la constancia que la plataforma web de Migraciones les otorga, una vez que hayan solicitado el trámite de regulación, y junto a ello, su cédula de identidad, fotocopia de su pasaporte, u otro documento de su país.
Juan Valera señaló que “queda por verse con qué puente aéreo, con qué recursos se va a realizar esta expulsión. Se pide primero el decreto legislativo, pero la forma de aplicar ello en la realidad es con el Reglamento y todavía no lo tenemos. Llamaría a la calma para ver cómo se va a desarrollar esto, cómo se dará la participación de Migraciones y la PNP, y si es que hay los recursos para poder cumplir con ello, porque si no habría problemas para que la norma se haga efectiva”.
Extranjeros irregulares vulnerables sí pueden continuar en el Perú
Entre estas modificaciones también se menciona que un migrante irregular puede continuar en el Perú si es considerado como vulnerable. ¿Qué cuestiones se analizan para que Migraciones otorgue esta condición?
Roberto Jiménez, director de gestión técnica y fiscalización migratoria, de Migraciones, informó a Gestión que se evalúa “la ausencia de recursos económicos, carencia de apoyo familiar o una carga personal o familiar que haga complicada su estancia y, sobre todo, asumir los mínimos costos que representan los pagos a Migraciones que, en su mayoría, son gratuitos, o en alguna otra entidad. También estamos trabajando con el MIDIS (Ministerio de Inclusión Social) para que ellos ayuden con sus indicadores oficiales para hacer una metodología técnica para calificar como vulnerable a quien lo es”.
Para ello, se les dará un plazo temporal de 365 días para que en ese año se pueda regularizar su situación. Con ese carné de extranjería en calidad humanitaria ya pueden trabajar.
Una vez que tengan su contrato de trabajo, lo que correspondería es cambiar la calidad migratoria humanitaria a la calidad migratoria de trabajador. Con eso pueden tener una vigencia con el tiempo del contrato de trabajo que hayan firmado, afirma María Ángela Vásquez, socia de Aguirre Abogados & Asesores.
En el caso de que estos ciudadanos cometan un delito, la especialista agrega que “se aplicaría la deportación. Para que puedan aplicar a la calidad migratoria humanitaria deben presentar su certificado de Interpol que no tengan una denuncia. Luego de obtener el carnet, cometen actos delictivos, corresponde un proceso sancionador con base en la norma penal y se le aplica la pena correspondiente, lo cual puede llegar incluso a la expulsión del país”.
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Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
