Mesa Redonda, uno de los principales emporios comerciales de Lima, suspenderá sus actividades este 26 de marzo en señal de protesta contra la ordenanza 2711, medida que ha generado un amplio rechazo entre comerciantes y empresarios.
Esta paralización llega en un momento crítico para la economía del emporio, ya que coincide con la campaña escolar y el inicio de las ventas por el Día de la Madre, dos de las temporadas más importantes para su dinamismo económico y generación de empleo.
Cabe destacar que la Ordenanza Municipal 2711, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, prohíbe actividades de almacenamiento y comercio mayorista en el Centro Histórico de Lima con el objetivo de reducir riesgos de incendios y proteger su valor como Patrimonio de la Humanidad. Además, restringe el ingreso de vehículos de carga mayores a 6.5 toneladas a esta zona, con sanciones como decomisos y retención de vehículos para los infractores.
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Ante esto, Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe) de Mesa Redonda, explicó a Gestión que dicha ordenanza, vulnera los derechos fundamentales de los comerciantes como trabajo, empresa y “merma el mercado”.
Pese a que han sido clausurados, algunos vuelven a operar.
Foto: Fernando Sangama
En ese sentido, mencionó que los almacenes ubicados en el Centro Histórico de Lima están registrados como despachos de almacenes y cumplen con sus obligaciones tributarias de manera puntual, incluyendo el pago de arbitrios, impuesto predial y precisó.
Agregó que estos establecimientos están debidamente inscritos en entidades como la Sunat, Aduanas y el catastro de Lima, siendo reconocidos oficialmente como depósitos. Estas empresas generan ingresos significativos para el municipio, contribuyendo con millones de soles anualmente.
Sobre los precios de estos almacenes, Díaz precisó que el auge del comercio en el Centro Histórico de Lima ha impulsado significativamente el valor de los terrenos en la zona. “Hace 15 años, el precio por metro cuadrado rondaba los US$ 50, pero en la actualidad, este valor se ha elevado considerablemente, alcanzando cifras de US$ 1,000 a US$ 2,000, reflejando el impacto en la demanda comercial”.
Almacenes de riesgo
Roberto Díaz indicó que aunque en la zona existen almacenes que están funcionando de manera irregular, muchas de estas personas buscan formalizarse. Ante esto, señaló que anteriormente existían programas que permitían depósitos regulados, sin embargo, la falta de licencias y normativas llevó a un desarrollo informal.
Actualmente, con el avance tecnológico, es posible aplicar sistemas de seguridad, como medidas contra incendios y manejo de riesgos, que podrían adaptarse a las edificaciones modernas en el área.
En este contexto, instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Arquitectos de Lima están siendo consultadas para evaluar la viabilidad de estas medidas. “Aquellos depósitos que no cumplan con los estándares de seguridad podrían ser demolidos y reconstruidos siguiendo las normas correspondientes, garantizando un entorno seguro para la actividad comercial”.
También sostuvo que tras la ordenanza 2711, la economía del país podría retroceder, ya que estas actividades generan ingresos importantes a través del pago de aranceles, impuestos adelantados y otras contribuciones derivadas de la importación.
Por tal motivo, los comerciantes demandan un diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que equilibren la seguridad.
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Perdidas económicas ante la paralización del 26 de marzo
De acuerdo a Díaz, la paralización de actividades en Mesa Redonda podría representar una pérdida económica diaria estimada entre 20 y 30 millones de dólares en ventas, afectando gravemente el flujo comercial y fiscal de la zona.
Además, la medida pone en riesgo el desarrollo de campañas clave como la del Día de la Madre, que equivale al 10% o 20% del movimiento comercial de la temporada navideña, cuya planificación inicia en agosto.
El representante de los comerciantes de Mesa Redonda señaló que, a pesar de haber enviado diversas cartas y realizado solicitudes públicas a través de medios de comunicación, no han logrado concertar una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga para dialogar sobre la implementación de la Ordenanza 2711.
“Hablar con el alcalde es como intentar hablar con el presidente de las Naciones Unidas. No entiendo por qué no nos puede recibir”, expresó.
