
Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Martín Vizcarra se pronunció tras conocerse la disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de trasladarlo al penal Ancón II. En breve entrevista, el exmandatario calificó la medida como un acto “arbitrario” y responsabilizó directamente a la presidenta Dina Boluarte de estar detrás de la decisión.
“Esto empieza desde el día miércoles 13, en que el juez dicta una prisión preventiva que no tiene ninguna justificación legal (...). Eso origina que me trasladen el día jueves 14 aquí al penal de Barbadillo. La junta calificadora del INPE vino ese mismo día y determinó que me correspondía estar aquí. Después, una segunda junta, el miércoles 20, volvió a recomendar lo mismo: que debía quedarme en Barbadillo. La propia junta me dijo que si se decidía otra cosa, era por decisión política de otro nivel”, declaró Vizcarra a RPP.
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Señala responsabilidad política
El exjefe de Estado sostuvo que la propia junta de clasificación le hizo notar que, en caso se dispusiera lo contrario a sus informes, sería por una orden de otro nivel. “El INPE depende del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Yo lo digo aquí con todas sus letras”, afirmó.
Según Vizcarra, los tres miembros de la segunda junta coincidieron en que debía continuar en Barbadillo. “La presidenta de la junta, incluso, me dijo al terminar la reunión: ‘Disculpe que sea sarcástica, presidente, pero le deseo una buena estadía en Barbadillo, porque eso es lo que hemos determinado’”, relató.

Críticas al debido proceso
El exmandatario cuestionó que se lo intente reclasificar en menos de una semana, pese a que, según dijo, las reglas internas no lo justifican. “(Uno) se siente sumamente indignado porque no se respetan los derechos humanos ni el debido proceso. Aquí hay una clara sucesión de abusos y arbitrariedades contra mi persona”, expresó.
Vizcarra también aseguró que, aunque ha cumplido con las restricciones impuestas en Barbadillo, la magnitud de lo que calificó como un “abuso político” lo obligó a romper el silencio. “He sido respetuoso de todas las normas de no comunicarme con el exterior. Sin embargo, ante este tipo de abusos, estoy cometiendo una falta al comunicarme, esto puede generar algún problema”, sostuvo antes de interrumpir la entrevista por presión del personal penitenciario.
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Como se sabe, la Oficina Regional Lima del INPE declaró hace unos días la nulidad de la primera clasificación realizada al expresidente, detectando irregularidades en el procedimiento llevado a cabo el 14 de agosto en el Establecimiento Transitorio de Lima. Tras ello, se conformó una nueva junta que evaluó nuevamente su situación. No obstante, la última decisión administrativa ha ordenado su traslado al penal Ancón II.