Varios días de bloqueos en protesta por un nuevo e importante contrato público para Machu Picchu esta semana han ensombrecido la industria turística peruana, que aún no se ha recuperado de la pandemia.
El conflicto interrumpió las operaciones ferroviarias hacia y desde las preciadas ruinas incas y sigue sin resolverse, con solo una tregua de 72 horas vigente por ahora.
Los bloqueos recurrentes en Perú han dejado a decenas de turistas varados en los últimos años. El malestar social interrumpió el flujo de visitantes al emblemático sitio andino, el principal destino turístico del país, en 2024 y 2023.
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“Un turista extranjero que viene al Perú y no puede ir a Machu Picchu, posiblemente va a decidir cambiar de destino”, dijo Juan Stoessel, vicepresidente de la cámara local de turismo. “Así de importante es esto”.
Si bien la ronda más reciente de protestas se levantó el miércoles, 1,400 turistas tuvieron que ser evacuados previamente en la semana, ya que no tenían otra opción para salir de la zona remota cerca de Machu Picchu, según la ministra de Turismo, Desilu León. Tras una reunión con las autoridades locales el martes, informó que lograron evacuar a los 679 visitantes restantes.
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Machu Picchu es una de las estructuras más famosas del mundo, donde terrazas de piedra y templos se alzan sobre exuberantes laderas verdes, atrayendo a miles de visitantes a diario. Se ubica en la región peruana de Cusco, donde también residen diversos funcionarios gubernamentales, incluyendo alcaldes y líderes comunitarios en geografías superpuestas, así como operadores turísticos, cada uno con intereses fuertes y a menudo contrapuestos.
Pero aunque la administración de Machu Picchu está en manos del poder ejecutivo de Perú, las autoridades locales a menudo se sienten marginadas tanto de la toma de decisiones como de los ingresos generados por el sitio.
Las protestas han sido recurrentes en los últimos años. En enero pasado, se cortó el acceso a Machu Picchu en medio de una disputa aparte sobre un nuevo sistema de venta de boletos, lo que dejó varados a los viajeros hasta que se llegó a un acuerdo con las autoridades locales.
Protestas y bloqueos obligan a suspender trenes hacia Machu Picchu. (Foto: Andina)
Para llegar a la antigua ciudadela enclavada en lo alto de los Andes, los visitantes deben primero tomar un tren desde Cusco hasta el pueblo de Machu Picchu. Allí, pueden escalar una empinada montaña o tomar un autobús hasta las ruinas.
Ese servicio de autobús desencadenó las protestas de este mes. La ruta opera bajo una concesión pública y se encuentra actualmente en transición hacia un nuevo operador. Sin embargo, los manifestantes argumentan que no hubo suficiente transparencia en la adjudicación del nuevo contrato.
La ruta genera unos US$ 32 millones al año, dijo Madeleine Burns, quien fue viceministra de Turismo de Perú desde 2022 hasta junio.
“No sacó concurso a tiempo la concesión, dando la transparencia necesaria para que todas las empresas puedan participar”, dijo Burns, señalando que, en cambio, se adjudicó el contrato a una empresa específica. “La falta de transparencia es el mayor problema”.
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Las protestas se intensificaron el domingo cuando los manifestantes bloquearon las vías del tren a lo largo de la ruta principal a Machu Picchu, colocando rocas de diferentes tamaños y otros escombros que obligaron a cerrar los servicios ferroviarios.
Las autoridades advierten que la interrupción más reciente también amenaza el sustento de miles de familias que dependen de la economía turística en la región, incluyendo artesanos, agricultores y quienes trabajan en la industria del transporte. El turismo representa 12% del producto bruto interno del Cusco, según Burns.
Por ahora, está prevista una nueva negociación para el viernes y el Ministerio de Turismo indicó en un comunicado que se compromete a implementar un plan de contingencia para mejorar el servicio de transporte turístico. Un representante del ministerio no hizo comentarios más allá del comunicado.
Machu Picchu “viene siendo muy mal manejado por distintos intereses políticos”, afirmó Stoessel, quien también es director ejecutivo de Casa Andina, la cadena hotelera más grande de Perú. “Esto es ya la gota que derramó el vaso”.
