A fines de octubre se promulgó la ley N° 31914, la cual delimitó a cinco las causales por las cuales un establecimiento podría ser clausurado temporalmente, tras una inspección municipal.
Los especialistas coincidieron en que esta delimitación resultaba necesaria, pues la anterior normativa resultaba muy genérica, lo cual permitía que los fiscalizadores apliquen distintos criterios para disponer o no de un cierre, lo que generaba el riesgo de medidas arbitrarias.
No obstante, aún persiste el riesgo de cierres injustificados por la aplicación arbitraria de una de las cinco causales fijadas, indicó Laura Francia, asociada principal del Estudio Echecopar.
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La causal en referencia es la que señala que un cierre temporal procede cuando “el establecimiento realice un giro distinto a aquel para el que ha sido autorizado”, señala uno de los artículos de la ley N° 31914.
Al respecto, Laura Francia refiere que esa causal busca que se tramite una nueva licencia de funcionamiento cuando la empresa cambia de actividad.
No obstante, advierte que algunos municipios están requiriendo de una licencia adicional por cada actividad afín o complementaria de la empresa.
Por ejemplo, refiere que a una fábrica le están pidiendo la licencia adicional por instalar oficinas. O a un consultorio médico que implementó una guardería para los hijos de los trabajadores le exigían una licencia adicional para realizar actividades de un nido.
Incluso señala que en ambos casos la zonificación no permite actividades comerciales para la renta de oficinas o instalación de nidos, por lo que ni siquiera las empresas podrían tramitar una licencia adicional.
“Entonces ha quedado abierta la puerta a la interpretación de cada municipalidad, que puede multar o cerrar un negocio si ve que aparentemente le falta la licencia para un giro de negocio. La normativa ha dejado una causal bastante expuesta a malas interpretaciones municipales”, sostuvo Laura Francia.
“Ya se han visto varias notificaciones de este tipo a empresas en el Callao y San Isidro. Es un abuso de poder de parte de los municipios, que están buscando motivos para clausurar un establecimiento”, criticó Francia.
Explicó que para evitar estos inconvenientes, hace unos años el Ministerio de la Producción aprobó unos lineamientos para la realización de actividades simultáneas, afines y/o complementarias, sin necesidad de que se tramite una nueva licencia. Sin embargo, refiere que son pocas las municipalidades que aplican este principio promotor del desarrollo de la inversión.
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Por su parte, Alfredo Lindley-Russo, socio en García-Godos & Lindley-Russo Abogados, refirió que una alternativa que tienen las empresas es acudir al Indecopi e interponer una denuncia contra la imposición de una barrera burocrática.
“En ese caso, solo quedaría esperar a que el Indecopi resuelva el caso de manera técnica, a favor de la competitividad de las empresas. Al Indecopi le tomaría resolver un caso así alrededor de un año y medio, sumando la primera y segunda instancia”, indicó.
Lindley-Russo remarcó que el objetivo de la ley N° 31914, al precisar las causales de cierres de establecimientos, es poner fin a medidas arbitrarias. “Se busca poner fin a estos cierres arbitrarios, que a veces funcionaban como una medida de extorsión de parte de los municipios”, subrayó.
Asimismo, destacó que un artículo de la citada ley señala que cualquier persona natural o jurídica puede presentar denuncias por barreras burocráticas ante Indecopi, sin necesidad de ser afectada directa o indirectamente.
“Antes de la ley, Indecopi podía desestimar una denuncia, si alguien no tuviera la legitimidad de hacerla; ahora cualquiera puede interponer la denuncia, sin necesariamente tener una afectación directa. Eso es muy bueno”, anotó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
